No sé si es una frase suya, pero se le atribuye a Alfonso Guerra: “oye nene, lo que no esté roto, no lo estropees”. Me ha venido a la memoria al conocer en los días pasados, a través de los medios de comunicación, que la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, ha decidido suspender, sin previa comunicación ni a la Corporación Municipal, ni al Obispado, el convenio de colaboración que habían suscrito ambas instituciones para realizar el servicio religioso católico en el Cementerio municipal de Segovia. En él se delimitaban las funciones y obligaciones de cada una de las partes y por las que el Ayuntamiento abonaba al Obispado la cantidad de 780,45 euros mensuales como ayuda económica para los sacerdotes que prestaban este servicio.
En nota de prensa de Noviembre pasado el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, afirmaba que “aunque no nos parece una cuantía desdeñable, no es una cuestión de cantidad, sino de ética y de respeto a las creencias de cada persona” y lo basaba en que “de acuerdo a nuestra Constitución, que reconoce la laicidad del Estado, lo lógico es que todos los segovianos y segovianas, independientemente de sus creencias, tengan la misma atención por parte del ayuntamiento cuando despiden a sus seres queridos”. Y proponía al Equipo de Gobierno que ofrezca también la posibilidad de organizar despedidas civiles en las instalaciones municipales. Nada que objetar, si la Corporación municipal actual o la que salga de las urnas de mayo, así lo decide, pero no a costa de confrontarlo con el servicio religioso católico que la Iglesia presta a los ciudadanos que lo solicitan libremente y que el Ayuntamiento viene garantizando.
El Obispado por su parte afirmaba que “la laicidad o aconfesionalidad del Estado no significa, en absoluto, la no colaboración con confesiones religiosas. Nuestra Constitución sostiene que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (Art. 16 §3). Si se ayuda al deporte, a las actividades culturales y lúdicas, al transporte, etc. aunque no todos los ciudadanos lo compartan o hagan uso de tales servicios, es difícil entender que no se pueda hacer lo mismo con las familias de cualquier religión o creencia en momentos tan sensibles y difíciles como los del fallecimiento de un ser querido. En este caso, parece que en vez de ampliar derechos se están socavando los ya existentes”. El Obispado “está dispuesto, si fuere preciso mediante un acuerdo con el Ayuntamiento, a realizar gratuitamente el rito funerario en el cementerio propiedad del mismo”. Como decía mi madre “no es el huevo, es el fuero”.
Por otra parte la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, garantizaba en nota de prensa, el servicio religioso para asistir a las familias que así lo soliciten en el Cementerio municipal de Segovia: “En ningún caso, ni antes ni ahora, se ha socavado ningún derecho. Las familias han tenido absoluta libertad religiosa para despedir y acompañar a sus seres queridos fallecidos e históricamente desde este Ayuntamiento se ha colaborado estrechamente con el Obispado”. En conversaciones con el Vicario General de la Diócesis le ha trasladado “su compromiso para garantizar el servicio religioso de acompañamiento a las familias que así lo deseen en los momentos tan sensibles y difíciles como los de fallecimiento de un ser querido”.
La situación actual es la siguiente: se sigue prestando el servicio religioso de exequias por parte del Obispado para las familias que lo demandan, y que la propia alcaldesa ha agradecido, pero de “okupas”, ya que lo realizan en un edificio municipal, sin ningún tipo de acuerdo.
Es necesario y urgente que este servicio religioso se regule mediante un nuevo convenio que garantice el servicio religioso de exequias en el Cementerio Municipal. Lo que no debe plantearse, a mi modo de ver, como un privilegio hacia la Iglesia Católica en detrimento de otras confesiones religiosas u otros planteamientos civiles, sino como el derecho que tienen los ciudadanos que así lo demanden a recibir este servicio religioso, que el Ayuntamiento posibilita, sin que ello suponga ningún atentado a la laicidad del Estado. Al final, como casi todo, es cuestión de sentido común: “oye, nene, lo que no esté roto, no lo estropees”.
