La labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil fue determinante el pasado año en la lucha contra las infracciones medioambientales en la provincia. En 2024 fueron esclarecidos en Segovia 19 delitos de los 337 totalizados en la comunidad, una cifra que deja a la provincia a la cola junto con los 17 de Palencia. En el lado contrario se encuentran Ávila y Valladolid, ambos con 57 casos resueltos. También Valladolid lidera la comunidad en cuanto a detenidos e investigados que el pasado año ascendieron a 72, por delante de León, con 41 y de Salamanca, con 40. En el extremo opuesto se situó Palencia, con 14, seguida de Segovia con 16, Burgos que sumó 34, Ávila 36, Soria 37 y Zamora que alcanzó los 38.
En 2024 el maltrato animal se mantuvo a la cabeza de los delitos perseguidos por el Seprona en Castilla y León. Los agentes de esta unidad de la Guardia Civil detuvieron o investigaron el pasado año a 56 personas, 45 por maltrato y otras 11 por abandono, frente a las 63 del año 2023.
En total, fueron 328 las personas detenidas en la Comunidad por delitos medioambientales, 43 menos que en el año 2023.
Los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio provocaron en la comunidad la detención en 2024 de 63 personas, mientras que los relacionados con tráfico ilegal de especies y emisiones contaminantes a la atmosfera, suelo o aguas fueron los que menos investigados y detenidos presentaron por debajo de la veintena en ambos casos.
Los delitos de caza con 26 detenidos, y los incendios forestales, con la puesta a disposición judicial del 31 personas, nueve más que en 2023, ocupan el tercer y cuarto puesto en la lista de infracciones investigadas por el Seprona.
Infracciones administrativas
Además de los investigados y detenidos, el Seprona cerró el pasado año con 10.873 infracciones administrativas, un 8% menos que en 2023. Las más más numerosas estuvieron relacionadas con los residuos y vertidos (2.480), por delante de las tramitadas por incumplir la normativa de animales de compañía (1.863). Con respecto a las mascotas, también se tramitaron 209 infracciones por saltarse la legislación relativa a animales peligros y 113 en el caso concreto de razas caninas potencialmente peligrosas.
Además, se impusieron 1.278 infracciones por incumplir la normativa de sanidad animal, 531 estuvieron relacionadas con la caza; 630 con el uso del agua, 292 con la pesca y 195 por acampadas y alojamientos turísticos.
Por provincias, León se situó en cabeza con 3.115 infracciones administrativas, por delante de Zamora con 1.641, Salamanca con 1.214 y Segovia con 1.098. Por debajo del millar están Valladolid que anotó 975, seguida de Soria con 862, Ávila con 797, Burgos con 638 y Palencia que sumó 533 sanciones.
Según el Instituto Armado, los delitos ambientales son los terceros que mayor beneficio ilícito producen, solo por detrás del tráfico de drogas y la falsificación de documentos. Esta actividad criminal se sitúa, incluso, por delante de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos.
Segovia
En 2024 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Segovia llevó a cabo varias intervenciones relevantes relacionadas con delitos contra los animales, la ordenación del territorio y otros delitos ambientales.
Entre abril y noviembre el Seprona de Segovia llevó a cabo la operación Pocimax, relativa a un vertido de ácido clorhídrico ocurrido en el polígono de Valverde del Majan, en el que estaban involucradas dos empresas que fueron acusadas de un supuesto delito contra el medio ambiente y depuración de las aguas de la red de saneamiento municipal.
Los hechos, ocurridos en abril, provocaron la evacuación de varios operarios de empresas cercanas, así como el cierre perimetral de las instalaciones para facilitar a labor de contención llevada a cabo por los bomberos.
El vertido alcanzó el alcantarillado de aguas pluviales y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio, donde causo daños. La Guardia Civil precisó entonces que el líquido quedó retenido en esa planta “sin llegar al dominio público hidráulico”, en concreto, el cercano río Eresma .
En el marco de la investigación la Guardia Civil pudo determinar, tras realizar varias gestiones con las administraciones competentes, que dichas instalaciones no poseían las autorizaciones necesarias para almacenar este tipo de sustancias y que carecían de las inspecciones periódicas obligatorias que permiten garantizar la seguridad de estas instalaciones que albergan este tipo de productos de alta peligrosidad. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Decanato de los Juzgado de Instrucción de Segovia.
También en abril y en la provincia, la Guardia Civil de Segovia, en una operación conjunta al inicio de la campaña de extracción de resina llevada a cabo por el Seprona de Coca, el Equipo Roca de Cuéllar y los inspectores de Trabajo de la Junta de Castilla y León, localizaron a casi una decena de trabajadores en situación irregular incumpliendo las medidas de seguridad propias de su puesto de trabajo. En total fueron nueve las irregularidades descubiertas repartidas en diferentes poblaciones de Mar de Pinares, como Carbonero el Mayor, San Martín y Mudrián y Zarzuela del Pinar.
La anomalías descubiertas respondían al desempeño de varias empresas extractoras que estaban ejerciendo su labor sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social y sin contar con la ropa adecuada ni los equipos de protección necesarios para su trabajo. Ante esta situación se procedió al levantamiento de tres actas por la contratación de trabajadores en situación irregular, formulando los inspectores un acta adicional por la ausencia de medidas de prevención en riesgos laborales.
En cuanto a los delitos contra los animales, agentes del equipo Seprona de la Guardia Civil de Segovia, investigaron en enero de 2024, dentro del marco de la operación ‘Sanus Aures’, a una persona por un presunto delito de maltrato animal. El investigado estaba acusado del corte de las orejas y el rabo a unos perros de caza de su propiedad.
El caso fue descubierto a finales de 2023 por dos agentes que observaron comportamientos extraños en las inmediaciones de la caseta donde se encontraban los perros, así como chillidos de los animales. Durante el registro del lugar se encontraron con al menos siete cachorros mutilados y con heridas recientes. Tras la investigación, se procedió a identificar al autor de los hechos y propietario de los cachorros, al que se le atribuyó la presunta autoría de un delito de maltrato animal, tipificado en el Código Penal
Por su parte la Protectora de Animales de Segovia, como parte denunciante, consiguió en enero de 2024 que el acusado de maltratar y desatender a una galga que fue recogida de la Protectora de Animales de Segovia, fuese condenado. Tras una investigación se encontró al animal en visible estado de caquéxica, cargada de pulgas, garrapatas y parásitos intestinales. También tenía una herida abierta en el cuello, provocada por su dueño al intentar arrancarle el microchip.
La justicia sancionó a esta persona con ocho meses de prisión y la inhabilitación para tener animales durante dos años por un delito de maltrato. Además también fue condenado a cuatro meses de multa y un año más de inhabilitación para tener animales por un delito de abandono. Por último tuvo que pagar una indemnización, que asciende a 381 euros, a la Protectora de Animales por la responsabilidad civil.
Un referente mundial contra delitos medioambientales
La Guardia Civil siempre ha trabajado para garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la caza, pesca y conservación de bosques. En consecuencia, la Orden General nº 72 de 21 de junio de 1988 crea el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), como respuesta especializada de la Guardia Civil para garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado así como el deber de conservarlo.
Con más de 36 años de experiencia y aproximadamente 2.000 efectivos, el Seprona se ha convertido en un referente a nivel mundial en la lucha contra los delitos medioambientales por ser la única en los países europeos que constituye una unidad específica independiente. Tiene entre sus principales funciones la protección del medio ambiente, a través de la vigilancia y conservación del suelo, el agua y la atmosfera, la prevención y persecución de delitos ambientales. También la protección de los animales destaca entre sus funciones investigando delitos de maltrato y abandono, controlando el cumplimiento de normativas sobre animales de compañía, e inspeccionando explotaciones ganaderas, perreras y núcleos zoológicos para garantizar el bienestar animal.
Este servicio de la institución armada se encarga además de la flora y la fauna del territorio garantizando su conservación a través de la lucha contra el comercio ilegal de especies protegidas (CITES), la protección de especies autóctonas y lucha contra especies invasoras y el control de la caza y pesca furtiva o irregular.
También se ocupan de perseguir y esclarecer hechos delictivos contra la ordenación del territorio, delitos que sancionan conductas que vulneran la normativa urbanística, como construcciones ilegales o autorizaciones injustas, afectando la planificación territorial. Se dividen en construcción o urbanización no autorizable y prevaricación urbanística.
A nivel provincial el Servicio cuenta con una Oficina Técnica que Coordina y apoya a las demás unidades provinciales. Equipos de Protección de la Naturaleza, que son las unidades encargadas de la detección, cuantificación e investigación de las agresiones al medio ambiente y unas patrullas de Protección de la Naturaleza que constituyen las Unidades básicas de protección medioambiental, desarrollando su función tanto en el ámbito rural como urbano, les corresponde la prevención, vigilancia y denuncia de cualquier agresión al medio ambiente.
