La oposición socialista renuncia a tramitar su proposición de ley contra la violencia de género de Castilla y León para buscar el consenso con la norma presentada por la Junta, en una línea abierta tanto por el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, como por el nuevo líder autonómico socialista, Carlos Martínez.
En las Cortes están registradas para su tramitación, la proposición de ley de modificación de la ley de 2010 contra la violencia de género de Castilla y León, firmada por el Grupo Socialista, y el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, remitido por la Junta. El Grupo Socialista pidió una prórroga para la presentación de las enmiendas, que ha finalizado sin recurrir a otra nueva y con la presentación de sus propuestas, lo que lleva a la retirada de su proposición de ley en la búsqueda del acuerdo con la ley del Ejecutivo.
Fernández Mañueco apeló al consenso y confió en que se materialice en la tramitación en las Cortes con la base del “buen texto” presentado por su Gobierno,
que cuenta con los dictámenes de los órganos consultivos y la participación de las partes afectadas. Sin embargo, la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista en esta materia fue rechazada en el debate de política general, aunque la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, manifestó que su grupo siempre será un “aliado” de la Junta en la lucha contra la violencia machista y el negacionismo de la misma.
Durante la sesión hubo apelaciones al acuerdo, aunque quedaba abierta la prórroga de las enmiendas, solicitada por la oposición socialista que tenía los días 22 y 23 de febrero la celebración de su XV Congreso en, con el que abrió un nuevo tiempo y liderazgo en el partido. Finalmente, la decisión ha sido no pedir otra prórroga y presentar sus enmiendas al proyecto de ley de la Junta, que también admitió la retirada de su texto para trabajar en el proyecto de ley del Ejecutivo.
PROCINCIA DE ÁVILA
Junta y Grupo Socialista abogan, en sus respectivas normas, por convertir a Castilla y León en “vanguardia” y “referencia” en la lucha contra la violencia de género en España, tanto en la extensión de este concepto a nuevas víctimas, como en contar con más medios y blindar los centros de protección.
La Junta ya había anunciado una ley propia, que se aprobó en el primer Consejo de Gobierno de 2025 (9 de enero). En la misma, se tipifican nuevas formas de agresión como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden y se protege a más víctimas, como niñas y adolescentes, menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con la víctima y las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de esta violencia en otro país.
El presidente de la Junta afeó a la oposición que se adelantara con esta norma cuando su Gobierno había presentado el anteproyecto. Pero, tras el cruce de reproches, la nueva ley para de violencia machista, que ambas partes marcan como un “compromiso inquebrantable”, puede ser el primer acuerdo de esta legislatura entre Ejecutivo autonómico y PSCyL.
