La industria de un país constituye un pilar fundamental de su tejido económico, debido a su contribución directa a la producción y el empleo de calidad, y por los beneficios sobre la economía, la innovación y la propia sociedad.
Se ha constatado en la historia económica que la industria ejerce un potente efecto multiplicador sobre el conjunto de la actividad económica de un país, tanto por la demanda de productos intermedios que genera como por la potenciación de la inversión.
El proyecto de Ley de industria y Autonomía Estratégica tiene por objetivo el fomento de un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo industrial, especialmente para la creación, desarrollo y adaptación de los cambios estructurales de las pequeñas y medianas empresas, así como la promoción y salvaguardia de una mayor autonomía estratégica y resiliencia industrial, buscando reforzar su base tecnológica e industrial e invirtiendo en capacidades industriales propias.
El Ministerio de Industria y Turismo elaborará la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española, y que será desarrollada a través de los Planes Estatales de Industria y Autonomía Estratégica. Una Estrategia que podrá incluir adicionalmente un Plan Conjunto de Cogobernaza, acordado con las Comunidades Autónomas, para la realización de planes y programas conjuntos.
Los programas de promoción y modernización perseguirán la mejora de la productividad y competitividad de las empresas industriales, el fomento del emprendimiento industrial y el crecimiento de las empresas industriales. Mediante la articulación de medidas de apoyo a los ecosistemas industriales se promoverán la generación de nuevas inversiones, la integración y el crecimiento de las pequeñas y medinas empresas, así como la transformación verde y digital de la industria. Entre las medidas para la protección e impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial se encuentran las acciones de las Administraciones Públicas a la dotación y modernización de los servicios e infraestructuras necesarios en las áreas industriales para el desarrollo eficiente y económico, social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas, mejorando la gestión y la calidad del suelo industrial y la competitividad de las empresas. Aunque no se concreta la promoción del suelo industrial ni la adaptación de cada área industrial a su entorno social, económico, medioambiental y urbanístico, de acuerdo con las estrategias autonómicas de especialización económica, y de re-equilibrio territorial y reto demográfico.
El Título III del proyecto menciona los Proyectos Industriales Estratégicos, referidos a los proyectos con un volumen de inversión relevante, aquellos realizados por empresas estratégicas, los proyectos que desarrollan tecnologías de cero emisiones netas, y los proyectos que se propongan en la Mesa de Reindustrialización. La Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica identificará los Ecosistemas Industriales Estratégicos y retos estratégicos por su aportación al sector industrial, su contribución al desarrollo de tecnologías de cero emisiones netas y su potencial de crecimiento global y transformación económica, susceptibles de recibir ayudas públicas. A tal fin también podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en función de su contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo, a la competitividad de la industria de la economía española o a la autonomía estratégica y resiliencia industrial.
En el mismo sentido, la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial recogerá los recursos y capacidades de producción considerados de primera necesidad o de carácter estratégico, donde se recogerán las medidas dirigidas a prevenir, preparar y responder a los impactos de la crisis de suministros de dichos recursos. Por último, se regulan los procesos de reindustrialización con el objetivo de evaluar y articular medidas que permitan desarrollar un Plan de Reindustrialización de la actividad de producción destinado a la mitigación de los efectos de una pérdida significativa de la capacidad industrial o bien de productos de carácter estratégico. También el proyecto prevé el impulso, atracción y retención de talento en la industria en todos los niveles profesionales, especialmente en lo referente a perfiles técnicos y tecnológicos dentro de las pymes, así como la promoción de la cultura industrial con el objetivo de promocionar y difundir a la sociedad la imagen de la industria española e informar la vocación, atracción y retención de talento. Así como se promoverá la investigación y desarrollo y de innovación mediante una colaboración de las diferentes Administraciones Públicas con los organismos en materia de política industrial, identificados en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y con el Plan Estatal de Investigación científica y Técnica e Innovación. Al mismo tiempo que se regulan los Bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto para la generalización de entornos colaborativos y ecosistemas industriales en el ámbito de la industria.
En resumen, el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, sin dotación presupuestaria, constituye una relación de buenas intenciones que no colma las aspiraciones del sector industrial de España, adolecido de grandes problemas. En efecto, somos un país de microempresas, y ello conlleva numerosos problemas de competitividad, como la insuficiente capacidad productiva y operativa para soportar una inversión en bienes de capital elevada o el aprovechamiento de las economías de escala, el acceso al crédito, y a la realización de las actividades I+D. Así, la industria española, en general, realiza una inversión en I+D del 0,86% del valor de producción, frente a casi el doble de la media UE (1,5%). Únicamente el sector de material de transporte, es donde la industria española presenta indicadores equiparables. A la baja productividad, también se suma la reducida inversión en capital que afecta a la competitividad de la industria nacional.
Por otra parte, el proyecto de ley no modifica los desequilibrios territoriales en materia industrial de nuestro país, prueba de ello es que no modifica la Ley 50/1985, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. El nombramiento del nuevo presidente de Telefónica ampara esta interpretación.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística la estructura del sector productivo de Segovia sería el siguiente en 2024, el 9% de los activos están dedicados a la Agricultura y la Ganadería, el 15,5% a la Industria, el 7,9% a la Construcción, y el 63,7% al Sector servicios (el 3,8% restante, busca el primer empleo). Sin embargo, por ejemplo, en Vizcaya solamente el 0,5% de los activos se dedica a la agricultura y ganadería.
No obstante, algo ha cambiado en Segovia y se ha tomado conciencia de la necesidad de potenciar el sector industrial de nuestra provincia que representa el 12% del valor añadido provincial frente a una media nacional del 17%. El año pasado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y la Federación Empresarial Segoviana (FES) presentaron el Plan Territorial de Fomento con 12 metas, 9 objetivos estratégicos, 17 medidas y 71 actuaciones como palanca de cambio en los ámbitos básicos en la Industria, el Transporte, la Logística, Talento e Inversión. También la Diputación Provincial de Segovia ha aprobado el “Plan Radica” con el objetivo de colaborar con los distintos Ayuntamientos de la Provincia de menos de 20.000 habitantes, que disponen de zonas industriales para su desarrollo. Mientras que el Ayuntamiento de Segovia cuenta con el programa SegoviActiva para la promoción económica de la ciudad. Algo está cambiando, hay que consolidar el sector industrial de la provincia y poner en marcha los nuevos polígonos industriales.
