El Procurador del Común de Castilla y León, tras la realización de una investigación de oficio llevada a cabo sobre el uso de VMP (patinetes eléctricos) en los municipios de Castilla y León de más de 5.000 habitantes, ha acordado dirigir distintas resoluciones a todos ellos instándoles a que, de modo transitorio y hasta la aprobación de la normativa general en el materia, bien regulen reglamentariamente el uso de dichos vehículos en sus municipios, en el caso de los municipios más importantes; bien incrementen las medidas de vigilancia y control del uso conforme a la normativa vigente en los restantes municipios.
«La irrupción en las vías públicas de las ciudades de los comúnmente denominados ‘patinetes eléctricos’ unido a la velocidad que alcanzan, la masa y el hecho de que compartan espacio con peatones y vehículos para circular al no tener un espacio propio en las vías, genera un evidente riesgo para la seguridad vial de usuarios de los mismos y para las demás personas que comparten el mismo espacio para moverse, motivo por el cual el Procurador del Común acordó iniciar una actuación de oficio al respecto», valora la institución.
Cabe recordar que en el año 2016 y con vocación transitoria hasta la elaboración de una, todavía pendiente, normativa general sobre el uso y circulación de los mismos –normativa que deberá recogerse en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y desarrollarse en el Reglamento de Vehículos– la Dirección General de Tráfico emitió una Instrucción (16/V-124), no vinculante. En ella se establecen una serie de criterios y recomendaciones muy básicas dirigidas a los ayuntamientos para que regulen dicha materia en al ámbito de sus competencias.
A través de la investigación realizada por el Procurador del Común a partir de información remitida por decenas de municipios de la Comunidad, la institución concluye, entre otras cosas que la mayoría de los ayuntamientos de Castilla y León de más de 5.000 habitantes coinciden en señalar que están a la espera de que sea aprobada una normativa general antes de adoptar o modificar la municipal.
Apunta, además, que ninguno de los Ayuntamientos que no son capital de provincia, a excepción de un municipio, cuentan con normativa municipal que regule el uso y circulación de los estos vehículos eléctricos. Por lo que respecta a las capitales de provincia, como consta en los informes recibidos, solo León y Segovia disponen de una normativa específica, en tanto que en el ayuntamiento de Ávila se tramita una modificación de su normativa para recoger la regulación de estos vehículos.
La siniestralidad, en cualquier caso y por el momento, en «muy baja», de tal manera que según los datos facilitados por los ayuntamientos informantes se han producido 9 accidentes en los últimos tres años.
