La Diputación Provincial celebra el jueves el Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, una sesión en la que se abordará, entre otros asuntos, la concesión de ayudas para financiar el Plan de Ayudas para Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP) del ejercicio de 2025. El portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, José María Bravo, aseguró este miércoles en rueda de prensa que las bases del PAIMP garantizan que «el 95% del reparto se realice con criterios objetivos».
Bravo remarcó de que se han presentado 222 instancias, ya que se incluyen también las entidades locales menores. Informó que todas han sido admitidas y habrá un total de 247 inversiones porque 25 entidades han solicitado dos obras. En cuanto a la desginación de ayudas del PAIMP, la diputada de Izquierda Unidad (IU), Ana Peñalosa, habló de «repato discrecional», al «conceder distinta cantidad económica a municipios que tienen los mismos tipos de obra». Señaló también que «el 5% que dicen asignar por urgencia y necesidad no lo cuantifican económicamente ni aparece en la hoja de baremación».
El portavoz del PP en la Diputación, por su parte, detalló que «el 90% de los fondos se ha asignado atendiendo a la ratio de población», tomando como referencia el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha del 1 de enero de 2023, asignando la cuantía mínima fijada, salvo para aquellas instancias que han solicitado subvención por debajo del mínimo mencionado. El 5 % de los fondos se ha asignado atendiendo a la puntuación obtenida en función del tipo de obra y en los supuestos en que los peticionarios han solicitado dos inversiones, la puntuación obtenida es el resultado de la media obtenida. De esto se desprende que «se trata de baremos y puntuaciones totalmente técnicos, alejados de cualquier decisión política, como algún grupo de la oposición ha querido hacer ver».
Por último, continuó disgregando Bravo, el 5% restante de los fondos se ha repartido según criterios de urgencia y necesidad; y para aplicar estos criterios se ha tenido en cuenta la información proporcionada en las solicitudes y en los documentos técnicos que las acompañan, así como la información proporcionada por el diputado de Acción Territorial, conocedor de la situación de los municipios y entidades locales menores que integran la provincia. De esta manera, Bravo aseguró que se ha concedido el total de lo que han pedido al 70% de las entidades solicitantes, alcanzando las 155.
Por otro lado, dentro del apartado de la Comisión de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas se dará el visto bueno a la adhesión de la institución provincial a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (CONBÉ).
MOCIONES
En el apartado de mociones, la primera en ser debatida, según el orden del día, serán las del Grupo Socialista, que pide poner en marcha de un Plan Integral de Desarrollo Industrial en toda la provincia y un transporte público de viajeros por carretera digno. El diputado del PSOE Carlos Fraile reclamó a la Junta que «incluya todas las comarcas y no se limite a actuaciones aisladas» en materia industrial; mientras que el portavoz socialista en la Diputación, Máximo San Macario, subrayó «la urgencia de un sistema de transporte público eficiente que vertebre la provincia y conecte a los municipios con los principales núcleos urbanos».
IU lleva una propuesta para la creación de una línea de ayudas destinadas a la creación y mantenimiento de espacios jóvenes en la provincia. Peñalosa considera que la fijación de población y prevención de la despoblación debería ser «una prioridad» de la institución y propone «invertir en infraestructuras y servicios públicos», así como ofrecer «alternativas de ocio».
La moción del Grupo Popular gira en torno a las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Una solicitud que los populares hacen al tener en cuenta el impacto “extremadamente negativo” que su aplicación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, según apuntó Bravo.
