El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la ordenanza que regirá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en líneas generales, una restricción al tráfico de vehículos contaminantes que se llevará a cabo de forma progresiva sobre todo en el recinto amurallado y que cuenta con excepciones, como el caso de residentes, servicios de emergencia, etc. Una ordenanza que ya fue llevada a Pleno y aprobada en 2024 pero que la justicia contencioso-administrativa -el TSJ de Castilla y León- declaró nula pues no estaba incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, como obliga la ley. Una resolución judicial que no entraba en el fondo del asunto y que ha obligado a andar de nuevo este camino a muchas localidades de más de 50.000 habitantes. Resuelto ese trámite, el máximo organismo del Consistorio, como ya hiciera la primera vez, aprobó dicha ordenanza en una votación donde le bastó la abstención del PSOE.
Fue de lo más destacado de un Pleno municipal de escasos puntos relevantes, en el que la única moción presentada que salió adelante versa precisamente sobre el tráfico, concretamente pidiendo una regulación de los patinetes eléctricos y campañas de información, proveniente de IU. Las demás fueron descartadas: la de Segovia En Marcha-Podemos sobre una auditoría al servicio de limpieza, la de VOX sobre la liquidación de la empresa pública de vivienda y suelo EVISEGO y la del PSOE solicitando la creación de una mesa de trabajo conjunto de los grupos políticos municipales para el control de las inversiones estratégicas.
Zona de Bajas Emisiones
José Luis Horcajo, concejal de Hacienda y Obras, entre otras parcelas, fue el encargado de explicar la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, aludiendo que una vez con el apoyo plenario, el siguiente paso es abrir un proceso de información pública que durará un mes, después vendrá la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y desde ese instante un plazo de seis meses para su entrada en vigor, luego como muy pronto eso será en octubre. De todas formas, aclaró que será un proceso progresivo con vistas a 2030, como ya se incidió en el primer intento de 2024. Añadió que tendrá unos horarios razonables: de lunes a jueves de 7.00 de la mañana a las 20.00 horas de la tarde; viernes, sábados y vísperas de festivo de 7.00 a 23.00 horas; y los festivos y domingos de 10.00 a 20.00 horas.
Podrán entrar en la ZBA aquellos vehículos con etiqueta C, 0, Eco o Cero emisiones y quedarán exentos los servicios de emergencias, históricos o determinados ciclomotores ligeros, servicios básicos o los de los ciudadanos empadronados en esa zona ZBA que los tengan dados de alta. La ordenanza contempla un régimen transitorio para que la población se adapte a la norma y se informará hasta la entrada en vigor definitiva en diciembre de 2030, expresó Horcajo.
Noemí Otero, de Ciudadanos, indicó que estamos “ante un imperativo legal que hay que cumplir”, pero criticó al Gobierno municipal del PP “las formas empleadas en este proceso, regularizando a posteriori lo que se debería haber hecho bien desde el inicio”, además de avisar de que el Ayuntamiento no tiene los medios adecuados para controlar su cumplimiento. Guillermo San Juan, de Podemos, se cuestionó si esta propuesta reducirá la contaminación de Segovia pues es en las afueras donde esa contaminación es más preocupante, incidiendo también en que lo que hay que mejorar es el transporte público, que se verá afectado. Ángel Galindo, de IU, habló de cumplir un trámite con una obligación estatal y de la necesidad de explicarlo bien a la ciudadanía. “La gente debe entender por qué se toman estas medidas. En Segovia el año pasado se superó el nivel de ozono en 79 días según datos oficiales de la Junta de Castilla y León”, dijo, apostando después por incorporar una mejora del transporte público. Esther Núñez, de VOX defendió su negativa al entender que en Segovia «no existe un problema de contaminación», sumando que se trata de una norma que restringe derechos y libertades. “Es poner una barrera en el Casco Histórico”, argumentó coincidiendo en que esa zona no es la que presenta más problemas. Miguel Merino, del PSOE, reprochó que hasta en cinco ocasiones se han cambiado de mecanismos y fechas en esta materia. “Nadie les cree que vaya a entrar en vigor al finalizar el año y que tengan los mecanismos suficientes para implantarlo”, se dirigió al equipo de Gobierno.
En la réplica, Horcajo contestó a Merino que “cuando llegamos nosotros, ustedes no tenían hecho nada pese a que tenían la subvención, con esto y con un montón de proyectos donde presentan memorias pero ni un solo proyecto. Esté tranquilo, que cuando llegue el momento, estará todo funcionando. Es una ZBE adaptada a los ciudadanos, progresiva y se les informará”. El dictamen quedó aprobado en esta primera sesión plenaria del 2026 con el único voto contrario de VOX, las abstenciones de los demás grupos y el sí del PP.
Otros asuntos con luz verde fueron la implantación de un sistema de vídeo-actas precisamente para las sesiones del Pleno, una herramienta que favorecerá la transparencia y el acceso a todo lo que suceda en el salón donde se desarrollan. También salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE el dictamen para garantizar las subvenciones nominativas de las asociaciones, 23 en concreto según informó después el Ayuntamiento. En el debate de este punto del orden del día, desde Podemos criticó un mejor reparto de estas subvenciones, afeando que solo la Fundación Juan de Borbón recibe más recursos que 22 de 24 entidades. Además, fue aprobada también la nueva tarificación del taxi para el año 2026.
