El frío exterior que imperaba en la mañana del jueves en Segovia contrastó con la temperatura vivida en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, donde con celeridad se debatía un dictamen para la adhesión de Segovia al Plan Territorial de Fomento (PTF) que impulsa la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León. Finalmente, a la hora de la verdad con la votación, dicho dictamen fue aprobado gracias a la mayoría de abstenciones de los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, que votó en contra. Hasta ese instante, el concejal más atacado en la urgente convocatoria, Alejandro González-Salamanca, fue encajando golpes como un boxeador consciente de que le queda un último recurso para enviar al rival a la lona, y es que es mucho lo que se juega Segovia con este plan dadas las necesidades industriales históricas de la provincia. Así que llegó el momento de la votación y el Ayuntamiento dio luz verde a una adhesión que supondrá un desembolso de 2 millones de euros sobre todo para la adquisición de terrenos tras el convenio con la Administración autonómica.
Las formas empleadas por el Gobierno municipal del PP en este asunto sobrevolaron como un mantra el Salón de Plenos consistorial. Incluso antes de que diera comienzo la sesión. Y es que un correo electrónico remitido en la tarde del miércoles desde la Consejería de Industria de la Junta alertando de la urgencia de la aprobación fue la chispa de las primeras hostilidades, obligando a que fuera impreso y entregado a los representantes de la oposición, quejosos de que no tenían conocimiento del mismo. Esta circunstancia se puso como ejemplo de un proceder del PP que no ha sentado nada bien en las filas contrarias, que lamentaron repetidamente la unilateralidad de sus acciones, hasta el punto de emplear la palabra ‘antidemocrática’ para calificar esta actitud por parte del portavoz de IU, Ángel Galindo.
Solo fue el comienzo de una tensa jornada que sirvió de estreno para el nuevo secretario municipal, Francisco Javier Sánchez Rodríguez. Probablemente la primera de muchas. Antes de pasar al fondo del asunto, fue votada la ratificación del carácter de urgencia de este Pleno que prosigue a una Comisión Extraordinaria de Urbanismo también urgente. Fueron muchos los intentos para que el partido gobernante argumentara tal urgencia, pero las explicaciones no sofocaron la incomprensión reinante. Nadie en la oposición se explica que el documento del Plan de Fomento haya entrado en el Ayuntamiento el 20 de agosto y desde entonces haya estado guardado en un cajón, señalaron. Pudo haberse llevado al Pleno Ordinario de septiembre o al de octubre. La razón, como espetó en el primer turno de palabra la portavoz de Ciudadanos Noemí Otero, “es que les han dado un tirón de orejas desde la Junta”, tildando así de “incompetente” al Gobierno de la ciudad.
Guillermo San Juan, de Podemos, apuntó que la respuesta a esta tardanza no la tiene el PP municipal, sino que “la única razón es electoralista y quien lo ha decidido es Mañueco como candidato del PP”. Desde IU, Ángel Galindo criticó la “mala gestión” del equipo de Gobierno que dirige el alcalde José Mazarías y el “falso diálogo” que propugna, ya que “no se escucha a la oposición ni se tiene autocrítica”. Esther Núñez, de VOX, se refirió también a la “maniobra electoralista” que hay detrás de esta iniciativa que coincide con una reciente visita del presidente de la Junta, Fernández Mañueco. Afirmó que su grupo quiere el plan pero se cuestionó el oscurantismo de esos 90 millones de euros que la Junta no tiene en su presupuesto. “No hay una partida con ello”, dijo.
Por parte del PSOE, Clara Martín subrayó que “estamos aquí por la incompetencia del Gobierno municipal”, lamentó el mencionado email del día anterior a las 19.15 horas relativo a la urgencia y la necesidad de su aprobación y repitió el abandono de un Plan de Fomento que a “ustedes les importa un bledo”.
Un Plan de Fomento Industrial en el que colaboraron agentes sociales y empresarios, que la Diputación ya lo llevó a su último Pleno para sacarlo adelante con una inversión de 2,5 millones de euros, pero que sigue siendo un gran desconocido. Se conocen algunos datos como los 93 millones que invertirá la Junta, 27 de ellos en Segovia y su entorno, principalmente en la Costanilla (25 millones), aunque también se beneficiará de ello Prado del Hoyo, según avanzó González-Salamanca para defender estas actuaciones que tendrán una vigencia de 2025 hasta 2030, incidiendo precisamente en ese aspecto plurianual. “No es un plan solo para 2026”, incidió. Incluye también medidas para el nordeste de la provincia, llegando a un total de 85 municipios, pero sin iniciativas tangibles o verificadas. “Venimos de rescatar una mala gestión anterior y las cosas no se hacen de la noche a la mañana”, argumentó el concejal de Urbanismo del PP al tiempo que lamentó por desafortunada la descripción de ‘antidemocrática’ actitud esbozada desde IU.
En el turno de réplica, el PSOE cuestionó cómo se va a cumplir con el pago de esos dos millones de euros cuando el Ayuntamiento no tiene presupuesto ni las ordenanzas fiscales para el año que viene ni existe un plan para hacerle frente. Noemí Otero atacó que desde el PP se diga que existe suelo industrial “de sobra”, San Juan se refirió a las viviendas públicas “insuficientes” o a la ausencia de un estudio sobre las necesidades energéticas dado el déficit segoviano y preguntó por qué la Junta invierte más en otras provincias como Ávila, un 27% más en concreto, según expresó.
Antes de la votación, González-Salamanca quiso dejar claro que el PP “deja la mano tendida” y pidió “valentía para estrecharla” en vez de “amenazas de que no van a aprobar nada” cuando son temas que redundan en el beneficio de la ciudad. Por esta última razón, pasó lo que pasó en la votación y el dictamen fue aprobado con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos salvo Ciudadanos.
