El plazo para que maderistas e importadores de madera presenten la declaración responsable anual finalizará el próximo 31 de marzo. Estas obligaciones forman parte de una serie de medidas desarrolladas por la Comisión Europea para luchar contra la tala ilegal en los bosques y contra el comercio asociado, que se recogen en dos Reglamentos de aplicación inmediata.
Por un lado está el ‘Reglamento FLEGT’, destinado a la conformación de acuerdos voluntarios entre la UE y países exportadores de madera, que garanticen que la madera y sus productos proceden de aprovechamientos legales y sostenibles. Por otro lado figura el ‘Reglamento EUTR’, que completa al anterior, para alcanzar no solo al resto de países, sino también a los bosques de la propia Unión Europea.
España desarrolló estas normas mediante el Real Decreto 1088/2015 y en 2018 elaboró un Plan Nacional de Control, encomendando a cada comunidad autónoma que elaborara su propio Programa de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada, adaptado a las características propias de los sectores implicados.
La Comunidad de Castilla y León cuenta con su programa desde el 15 de noviembre de 2019, que está disponible en la web de la Junta de Castilla y León y se puede encontrar realizando la búsqueda ‘EUTR JCYL’. En 2020 se presentaron 86 declaraciones responsables en Castilla y León y hasta la fecha solo se han presentado 25.
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente recuerdan a todos aquellos agentes del sector de la madera implicados por estas normas, es decir, a aquellos que introducen por vez primera en el mercado interior madera o sus productos, que deben efectuar sus declaraciones hasta el 31 de marzo, inclusive, a través de la aplicación web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Posteriormente se llevarán a cabo controles e inspecciones que, en caso de infracción, podrían dar lugar a sanciones de hasta un millón de euros, incautación de la madera o los productos o prohibición de comercialización, en aquellos supuestos de mayor gravedad.
