El Plan de Inspección, llevado a cabo por la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León con el fin de velar por la competitividad del sector del transporte, revela más de 17.000 infracciones durante el año pasado. Entre los incumplimientos habituales figuran la competencia desleal, mediante la reducción de costes de forma fraudulenta, o el incremento de los riesgos en la carretera, o el no respetar los tiempos de conducción y descanso. El 82% fueron relativas a tiempos de conducción y descanso.
El objetivo de este programa es el de “luchar contra las malas prácticas que promueven la competencia desleal, mediante la reducción de costes de forma fraudulenta, o el incremento de los riesgos en la carretera, al no respetar los tiempos de conducción y descanso”, señaló este miércoles la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, durante la presentación del plan en Cantalejo, que tuvo lugar en la carretera SG-205 en torno al punto kilométrico 28+800. Añadió además que con esta labor inspectora, “se logra promocionar, modernizar y hacer más competitivo el sector del transporte por carretera en Castilla y León”.
De cara al presente año, el Plan de Inspección contempla tres novedades con respecto a los anteriores. En primer lugar, se encuentra el control de la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores profesionales, “ya que según el Real Decreto ley 3/2022, sólo deberán intervenir en este proceso en los supuestos en los que por razones de seguridad y eficiencia en la operación esté justificada”, manifestó Paredes.
La segunda novedad reside en el control de la morosidad, “una de las prioridades de la Unión Europea para evitar pactos de contenido abusivo para el porteador”, incidió la directora. En este caso, lo que se vigila es que se cumpla el pago del porte dentro del período determinado por la ley y que está establecido en sesenta días. Para ello se comprueba la facturación de las empresas y los justificantes de pago de cada una de las facturas emitidas correspondientes a los servicios de transporte.
Y la tercera y última se centra en el control del precio del transporte, “intentando garantizar que el precio del porte sea superior al de los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista”, explicó Paredes. De cara a lograr este objetivo, se considera necesario que los contratos se documenten por escrito, apareciendo expresamente el precio acordado con referencia a los gastos que supone la prestación del servicio. A efectos de inspección, el reflejo del precio convenido en las cartas de porte, así como en los documentos en los que figure, constituye un elemento importante para el control de los precios de transporte, por lo que serán objeto de un control exhaustivo.
