El personal del Ayuntamiento de Segovia contará ahora con el apoyo de una mutua en la gestión de las bajas médicas y situaciones de incapacidad laboral por contingencias comunes a través de un anexo al convenio de asociación entre el propio Ayuntamiento y la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, FREMAP, que ya trabajaba en el Ayuntamiento con el seguimiento de las bajas por accidentes de trabajo y contingencias profesionales, según informaron desde el Consistorio el jueves.
Sin embargo, la totalidad de los sindicatos manifiesta su «negativa» para «privatizar con una mutua las contingencias comunes», tal y como declara la Junta de Personal del Ayuntamiento de Segovia en un comunicado emitido este viernes, y considera que «el concierto iría en detrimento de la sanidad pública» y que «se ejercería presión sobre los empleados del Ayuntamiento que estuviesen de baja por enfermedad común (IT)».
Desde el Ayuntamiento explican que, con este anexo al convenio, que ya viene gestionando la situación de incapacidad temporal por accidentes y contingencias profesionales, de un año de duración y entrada en vigor el 1 de abril, se pretende hacer «más eficaz» el seguimiento y control de la gestión relativa a las situaciones de incapacidad temporal con el fin de «evitar la prolongación innecesaria» de los procesos médicos y la mutua asumirá para este ámbito un papel asistencial y de gestión similar al que viene desarrollando con las contingencias profesionales.
Con esta cobertura, los empleados públicos siguen «sujetos a la asistencia pública y los partes médicos de alta, confirmación y baja», en estas situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes, se emiten, en todos los casos, por los médicos de los servicios públicos de salud y la mutua realiza una labor administrativa, asistencial con pruebas médicas y diagnósticas, así como una labor de recuperación junto con el abono a los empleados de la prestación económica derivada de las bajas médicas.
También, según indican desde el Área de Personal, en todos los casos, las pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores propuestos por la mutua requieren de la autorización del médico del servicio público de salud y el consentimiento informado del paciente. Además, en todo momento, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ejerce un seguimiento y control continuo de la gestión realizada por la mutua.
