Hay decisiones políticas que envejecen mal. Y hay otras que, sencillamente, nunca debieron tomarse. El mantenimiento del peaje en la AP-6 y en la AP-61 pertenece a esta segunda categoría. Son autopistas amortizadas, estratégicas, esenciales para la vertebración territorial y, sin embargo, tratadas como un negocio privado perpetuo a costa de los ciudadanos.
La AP-6 y la AP-61 (San Rafael–Segovia) llevan décadas en funcionamiento. El túnel original de la AP-6 se construyó en 1963, y la AP-61, en concreto, fue inaugurada el 7 de abril de 2003, por lo que acumula ya más de veinte años de explotación continuada. Durante todo este tiempo, los usuarios han abonado religiosamente un peaje concebido para financiar su construcción y mantenimiento. Pero ese argumento hace tiempo que dejó de ser creíble.
Hoy no estamos pagando una infraestructura nueva ni extraordinaria; lo que estamos pagando es una renta cautiva, un impuesto encubierto a quienes no tienen alternativa razonable para desplazarse entre Madrid, Segovia y el noroeste peninsular.
Mientras en amplias zonas de España se han liberalizado autopistas de características similares, en el eje de la AP-6 se mantiene el peaje como si fuera una excepción natural. Y no lo es; es una discriminación territorial evidente. Una decisión política que castiga especialmente a trabajadores que se desplazan a diario, a familias que mantienen vínculos entre provincias, a empresas logísticas y de servicios y a municipios que ven lastrada su competitividad.
El mensaje implícito es que hay ciudadanos que merecen carreteras gratuitas y otros que deben seguir pagando indefinidamente. El peaje no solo es injusto; es caro y disuasorio. El impacto económico para los usuarios es muy superior al que suele presentarse de forma resumida. Los precios 2026 Segovia-Madrid para turismos, van desde 7,60 hasta 10,45 euros, dependiendo si es tarifa valle o tarifa punta. De los vehículos pesados Asetra ya ha informado exhaustivamente la barbaridad que les supone, por lo que no voy a insistir aquí sobre algo que ya se ha explicado con claridad.
Pero para un trabajador que use a diario la combinación AP-6 + AP-61, el coste mensual puede superar con facilidad los 300/400 euros solo en peajes, una carga difícilmente justificable en autopistas plenamente amortizadas.
Ante estos precios, muchos conductores evitan la autopista y se desvían por carreteras (como la N-603, o la N-VI) más lentas y peligrosas. El resultado es conocido, porque hay mayor siniestralidad, más atascos en travesías urbanas, incremento de emisiones contaminantes, desgaste prematuro de vías que no fueron diseñadas para ese volumen de tráfico. Eliminar el peaje no sería un capricho populista, se trata de una medida racional de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
Las concesiones administrativas tienen sentido cuando son temporales y proporcionales. Cuando se alargan, se rescatan con dinero público o se blindan mediante compensaciones millonarias, dejan de ser un instrumento de gestión para convertirse en un privilegio. Y esta concesión se ha convertido en abuso porque el ciudadano paga tres veces; paga el peaje, paga con impuestos que rescatan o compensan a la concesionaria, y paga con el deterioro de las alternativas gratuitas. Esto no es liberalismo ni buena gestión; simplemente es mala política sostenida por inercia.
En numerosos países europeos, las autopistas estratégicas forman parte de la red pública sin peaje o con sistemas de financiación mucho más equitativos. España, en cambio, mantiene auténticas concesiones feudales heredadas de otra época. No se trata de ideología, sino de sentido común, porque una infraestructura clave para la cohesión territorial no puede funcionar como un obstáculo económico permanente.
La pregunta ya no es si el peaje debe eliminarse, sino por qué sigue existiendo. Cada año que pasa sin liberar la AP-6 y la AP-61 es un año más de desigualdad, de ineficiencia y de descrédito institucional. Y nos preguntamos hasta cuándo. Porque las administraciones públicas no están para proteger contratos injustos, sino para defender el interés general. Y hoy el interés general pasa, de forma inequívoca, por la supresión inmediata del peaje en ambas autopistas.
La persistencia de estos peajes resulta aún más hiriente cuando se contrasta con el uso poco riguroso de los recursos públicos en otros ámbitos. El ciudadano paga religiosamente impuestos cada vez más elevados y, sin embargo, se le exige además que financie con peajes infraestructuras ya amortizadas. Por otra parte, el gasto político superfluo en asesores, la propaganda institucional, los organismos redundantes, las subvenciones ideológicas y los proyectos fallidos que no generan retorno social ni económico, se cubren con impuestos generales; mientras tanto, al usuario de la AP-6 y la AP-61 se le mantiene una barrera física y económica para circular. Es decir, hay dinero para el despilfarro, pero no para liberar una autopista esencial.
Gobernar no consiste en perpetuar decisiones equivocadas por miedo al conflicto o por comodidad administrativa. Gobernar es reconocer cuándo una medida ha dejado de tener sentido y actuar en consecuencia. Gobernar es corregir errores. Y como la AP-6 y la AP-61 ya han sido pagadas de sobra, mantener su peaje no es prudencia económica, es una injusticia estructural.
Ha llegado la hora de levantar la barrera. No como gesto simbólico, sino como acto de justicia. Por eso, imagino que los parlamentarios segovianos —y fundamentalmente los que tienen proximidad con el poder— estarán trabajando a favor de sus conciudadanos y nos tendrán al corriente de sus actuaciones al respecto.
