El pacto rubricado en la anterior legislatura por todos los grupos parlamentarios para pedir una reforma del modelo de financiación autonómica que respete las particularidades demográficas de Castilla y León se enturbió ayer por los reproches intercambiados entre PSOE, PP y Cs.
Las Cortes aprobaron una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para pedir una propuesta de reforma del modelo y el fin al “bloqueo” de los 440 millones de euros que la Comunidad pide al Gobierno central en concepto de ajuste de las entregas a cuenta y del IVA, que fue respaldada por todos los grupos excepto el PSOE, que defendió una enmienda que hacía referencia al acuerdo suscrito por todos en la anterior legislatura.
Defendida por su portavoz adjunto, Salvador Cruz, la iniciativa del PP reivindica la necesidad de convocar una inmediata reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se aborden los problemas de financiación que arrastran las autonomías, que en el caso de Castilla y León se evidencian de manera más aguda en la Consejería de Sanidad, cuya titular acaba de reconocer que cerrará el ejercicio actual con un desfase de 830 millones de euros.
El representante del Grupo Socialista y secretario primero de la Mesa de las Cortes, José Francisco Martín, consideró que el PP y Cs arrancaban la legislatura haciendo “el ridículo” en esta materia, al considerar que el acuerdo suscrito en la anterior legislatura es el marco en el que deben afrontarse este tipo de cuestiones, por lo que esgrimió una enmienda de sustitución.
Avisó de que si el PP y Cs no asumían esa enmienda, el PSOE entendería que dan por roto el acuerdo de la anterior legislatura, mientras que el representante del Grupo Popular recordó que al menos dos partidos que actualmente están en las Cortes no refrendaron tal acuerdo, en referencia a Por Ávila y Vox.
Martín ironizó con lo “preocupadito” que estaba el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sobre si todos los grupos asumían y mantenían la vigencia del acuerdo sobre financiación, pero acusó al PP y en concreto al propio consejero, de estar en el origen de los problemas de financiación de Castilla y León.
En concreto, se refirió a las transferencias de competencias del Estado y a la de sanidad en especial, que se materializó cuando Fernández Carriedo era consejero de ese departamento. “La culpa es suya y solo suya”, insistió Martín, convencido de que hicieron “lo que dijera Aznar” y posteriormente, cuando gobernó Mariano Rajoy, estuvieron “calladitos” sin pedir una reforma del modelo de financiación que el PP de Castilla y León consideraba perjudicial.
Por su parte, el representante de Cs Juan Pablo Izquierdo denunció la falta de eficiencia del modelo de financiación actual, por lo que “necesita ser revisado” y estos cambios no se pueden “demorar más en el tiempo”. “Dejen de pensar en su partido y piensen más en los españoles y los castellanoleoneses”, remató el procurador ‘naranja’.
En representación del Grupo Mixto intervino Luis Mariano Santos (UPL), quien denunció que en esta materia el PP y el PSOE actúan diferente en función de cuál de los dos partidos ostenta el poder a nivel nacional, mientras que en su caso la posición de exigencia de un modelo que cubra las necesidades financieras “no cambia dependiendo de que gobiernen unos u otros”.
