La provincia de Segovia experimenta cada año un aumento del número de pensionistas y un descenso de los cotizantes a la Seguridad Social. En el momento actual hay una tasa de 1,99 afiliados por cada pensionista, lo que significa que estadísticamente son menos de dos personas las que deben pagar con sus impuestos la jubilación de otra.
A día de hoy el Estado paga 34.262 pensiones cada mes, la mayoría de jubilación. El resto son de viudedad, orfandad, e incapacidad permanente. Mientras, los afiliados a la Seguridad Social sumaban en diciembre del año pasado 63.201, casi el doble que pensionistas.
La relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas se encuentra con las cifras más bajas de la historia. Pero las previsiones son aún peores.
Este índice coloca a Segovia entre las provincias que tienen una mayor carga de pensionistas sobre la población cotizante. No es la sufre más presión, pero sí está por debajo de la media española, que es de 2,24. Es decir, por cada pensionista español cotizan 2,24 trabajadores.
Pese a que la ratio entre cotizantes y pensionistas a nivel nacional se haya situado en mínimos desde la última década, los distintos territorios presentan diferencias que evidencian cuáles son los más envejecidas o las más dinámicas en cuanto al empleo. De esta manera, Almería (3,24 afiliados por cada pensionista), Madrid (3,15) y Ceuta (3), registran las mayores ratios entre cotizantes y beneficiarios de una pensión, mientras que Orense (1,1), Lugo (1,27) y León (1,31) son las provincias con una peor relación.
INGRESOS VARIABLES
Con la última revalorización, el importe de la pensión media se sitúa en Segovia en 1.131 euros. Son 91 euros por encima del mes anterior y 107 euros más que hace un año, lo que supone un incremento interanual del 10,3 por ciento. Para la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín es “el aumento más importante de los últimos años, que viene motivado por la incorporación de la revalorización de las pensiones del 8,5% para todas las prestaciones vigentes desde el inicio del año”. “En la práctica, esto supone una paga adicional: de unos 1.200 euros de media en todo el año, como si fuese de 14 a 15 pagas”.
Los más de 34.000 pensionistas segovianos ya han comprobado en sus cartillas de ahorro cómo habían subido sus ingresos, “para que mantengan su poder adquisitivo”, según Lirio Martín.
Sin embargo, el colectivo de pensionistas Coespes estima que este incremento no compensa la subida del nivel de vida, al menos para la mayoría de los que reciben estas prestaciones. Además la mayoría cobra pensiones mínimas.
De hecho, según las cifras que maneja la Seguridad Social a 1 de enero de 2023, más de mitad (53%) de los pensionistas segovianos reciben una cantidad inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sólo un 3.3% cobra la pensión máxima o superior.
Por jubilación, 22.295 segovianos han cobrado en enero de media 1.299 euros, con una subida de 103 euros. Para una pensión de viudedad (en Segovia, 8.519), el aumento es de 63 euros al mes. En el caso de la pensión de incapacidad permanente (2.413 segovianos), la subida media es de 78 euros. En la pensión de orfandad (1.128 ciudadanos), la revalorización aprobada por el Gobierno supone un incremento de 37 euros al mes. Y la pensión en favor de familiares (133 segovianos) sube 57 euros de media al mes. Así se lo ha comunicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a todos los pensionistas anunciando a través de una carta cómo les afecta la revalorización.
PREVISIONES
Con todo, la situación resulta descompensada entre cotizantes y pensionistas. Pero se agudizará más de aquí en adelante. La edad media del grueso de los trabajadores y el envejecimiento de la población hace peligrar este equilibrio en el medio y largo plazo.
De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, la de 2022 fue la ratio más alta desde 2011, cuando había 2,47 afiliados por cada pensionista, aunque si se tienen en cuenta únicamente los afiliados en activo, la relación sería de 2,24 trabajadores por cada jubilado, la más alta desde 2009. Sin embargo, esta cifra de cotizantes y beneficiarios de una pensión no está asegurada en el medio y largo plazo, ya que el 33,4 % de la población activa tiene entre 50 y 64 años, según la EPA del tercer trimestre, o lo que es lo mismo, en los próximos 17 años se jubilarán alrededor de 7,5 millones de trabajadores, que pasarán a ser pensionistas en toda España.
Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la jubilación de esta generación elevará el número de pensionistas a cerca de los 16 millones de personas en 2050. Mientras, las previsiones en relación con la población en edad de trabajar muestran una situación similar a la actual (30 millones), escenario que empeora si se tienen en cuenta las proyecciones del INE o de Eurostat, que estiman unos 28 millones de eventuales trabajadores en 2050. De esta manera, en 2050 habrá en toda España menos de dos trabajadores cotizantes por cada pensionista (1,87 con cálculos según la AIReF y 1,75 según el INE y Eurostat). El Banco de España estima que en 2050 habrá dos personas en edad de trabajar (no necesariamente trabajadores) por cada pensionista, frente a las tres que hay en la actualidad a nivel nacional, una situación en la que será determinante la cada vez más alta esperanza de vida y más baja natalidad.
“Ahora está llegando el baby boom a la edad de jubilación”
Todos los lunes se manifiestan en el centro de Segovia varios miembros pertenecientes al Colectivo Pensiones Públicas Segovia COESPE. Lo hacen en la Avenida del Acueducto, junto a la iglesia de San Clemente, donde exponen una serie de reivindicaciones que ya han trasladado a las administraciones.
Recuerdan que en los próximos años el número de pensionistas crecerá porque las generaciones del ‘baby boom’ están llegando a la edad de jubilación ahora. Ello supondrá una mayor presión sobre las generaciones que sigan cotizando.
Así lo recuerda María Dolores Rodríguez Pericón, portavoz de Coespe-Segovia, quien subraya que llevan tiempo trabajando advirtiéndolo y que han estado por numerosos pueblos de la provincia trasladando esta petición a la población. Aún lo siguen reivindicando todos los lunes en la capital.
En sus concentraciones semanales recogen firmas con las que poder alcanzar la cifra de medio millón con la que su tabla reivindicativa llegaría al Congreso de los diputados. Quieren que se lleve a cabo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, y que la realice el Tribunal de Cuentas, no la propia Seguridad Social.
Critican el hecho de que se haya aplazado una vez más la reforma de las pensiones públicas, “que debería haberse aprobado antes de fin de año 2022”.
Insisten en la necesidad de aplicar una subida de las pensiones mínimas, el cierre de la brecha de género, y el mantenimiento de la tasa de reposición de las pensiones públicas, “que quedan muy lejos de nuestras reivindicaciones”, añaden. “Observamos con estupor que este contenido de la Ley aprobada en el Congreso de diputados está siendo incumplida. Por el contrario, las medidas que ampliamente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viene anunciando, se dirigen en la dirección contraria al cumplimiento de dicha Ley, ahondando en la brecha de género, la no aproximación de las pensiones mínimas al salario mínimo, e intentando aumentar el periodo de cálculo para obtener una pensión, reduciendo la cuantía de la tasa de reposición, y con ello disminuyendo las pensiones públicas futuras”, agregan.
Critican que se realiza desde el Gobierno una campaña “de propaganda de la supuesta crisis del Sistema Público de Pensiones, y de decisiones para intentar introducir mecanismos de privatización del Sistema Publico Pensiones, con la puesta en marcha de los planes de empleo de empresa (planes de pensiones privados a través de la negociación colectiva), que desvían fondos públicos generados por el salario diferido de las y los trabajadores, hacia la banca, entidades financieras y gestores patronales y sindicales, que verán incrementados sus patrimonios y ganancias, por la gestión de dicha privatización”, explican.
En su tabla reivindicativa, el colectivo Coespe pide el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 60 años, que se pueda aplicar la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados, o exigir la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución. También quieren que la pensión mínima se iguale al SMI, y que todas las pensiones se revaloricen automáticamente con base al IPC, así como que se revise y se recupere la cantidad económica en base a la inflación desde 2011, “gobierne quien gobierne”, puntualizan.
