Durante la II República (1931-1936) se celebraron tres elecciones en los años 1931, 1933 y 1936. En las primeras elecciones del 28 de junio de 1931 el sufragio activo quedó limitado a los varones mayores de 23 años, mientras había 62 circunscripciones electorales: las 50 provincias, Ceuta y Melilla y las 10 capitales de provincia que en aquel año tenían una población superior a los 100.000 habitantes. La participación en España fue del 70,13%, una participación que se incrementó en Segovia hasta el 86,71% del electorado.
En las elecciones de 19 de noviembre de 1933 las mujeres entraron a formar parte del cuerpo electoral y que se situó en 13 millones de personas, donde se produjo una participación electoral del 64,94%. Una participación que descendió en Segovia hasta el 80.19% del electorado total.
En la década de los 30 del siglo XX, diez países de nuestro entorno aplicaban el sufragio universal: Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Finlandia fue el primer país europeo en el que las mujeres vieron reconocido el derecho al sufragio activo en 1906, mientras en Alemania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, el electorado femenino tuvo que esperar hasta 1919, en Dinamarca en 1920, en Suecia 1921, en Irlanda en 1922 y en el Reino Unido en 1928.
La II República se proclamó el 14 de abril de 1931, un cambio derivado del resultado de las elecciones municipales, aunque los republicanos solamente resultaron victoriosos en una buena parte de las capitales de provincia y en las regiones industriales y mineras. Tras la proclamación de la II República se formó un gobierno provisional encabezado por Niceto Alcalá Zamora, en las elecciones de 28 de junio de 1931 resultó vencedora la coalición republicano-socialista y se redactó la Constitución del año 1931 que buscaba la implantación de un régimen político de corte democrático y liberal, un régimen que tuvo que hacer frente a problemas como la separación Iglesia-Estado, la organización territorial del Estado y el escaso desarrollo de nuestro país.
Manuel Azaña accedió a la presidencia del gobierno en octubre de 1931, con un proyecto reformista basado en la mejora de la educación, la mejora de las condiciones laborales y la formulación de una reforma agraria que no produjo los resultados esperados.
El descontento se extendió, a los levantamientos anarquistas se suma el pronunciamiento del General Sanjurjo en agosto de 1932, por lo que el Presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones, no antes de que se aprobara el Estatuto de Cataluña. Las elecciones de noviembre de 1933 supusieron un claro cambio, las mujeres pueden votar y los resultados dan la victoria a la derecha del arco parlamentario. De hecho, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) fue el partido más votado consiguiendo 115 escaños, mientras que el Partido Radical obtuvo 104. Sin embargo, se formó un Gobierno formado exclusivamente por republicanos dando lugar al bienio radical-cedista (1933-1936). No obstante, en octubre de 1934, tras una crisis entran en el gobierno ministros de la CEDA (una problemática que ahora se produce con el partido de VOX), la respuesta no se hizo esperar. En Asturias triunfa una revolución impulsada por los socialistas y apoyada también por anarquistas y comunistas, mientras que en Cataluña su presidente proclama el Estado Catalán, lo que determinó que el gobierno central suspendiera el Estatuto de Cataluña.
Se polariza la vida social y política, surge el Frente Popular, una coalición de fuerzas republicanas de izquierdas de cara a las elecciones de 1936. En Cataluña también surgió de forma paralela el Front d’Esquerres, integrado por Ezquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista d´Esquerra y otras organizaciones que habían formado la Alianza Obrera.
En 1935, ya se pactó la “Conjunción Republicana”, entre la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, La Unión Republicana de Diego Martínez Barrio (escisión del Partido Radical de Lerroux en 1934) y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. La pretensión de Indalecio Prieto era conseguir un frente amplio que aglutinara a los republicanos y sectores de izquierda, mientras que Azaña en noviembre de 1935 propuso al Partido Socialista formar una coalición que aglutinara a las fuerzas de izquierda, proyecto al que se opuso Largo Caballero, que pretendía dar cabida a los comunistas. El Partido Comunista era dirigido desde Moscú y tras el VII Congreso de la III Internacional (Komintern) en agosto de 1935, se abría la posibilidad de acuerdos con los partidos de izquierda. Sin embargo, el Partido Obrero de Unificación Marxista, nacido de la unión entre la Izquierda Comunista de Nin y el Bloque Obrero y Campesino de Maurin, no participó en la gestación del Frente Popular, mientras que la CNT no apoyaba ese movimiento pero tampoco se oponía.
El 15 de enero de 1936 se firmaba el pacto de la coalición electoral entre republicanos de izquierda y los socialistas, que pronto se conoció como el Frente Popular. La redacción del programa del Frente Popular fue problemática, Largo Caballero y los comunistas pretendían unas medidas radicales, la reforma agraria con las confiscación de grandes fincas rústicas sin indemnización, la expulsión de las órdenes religiosas de España y la prohibición de partidos de derecha. Sin embargo, se impuso la redacción de un programa moderado por parte de Azaña: amnistía de los delitos políticos cometidos antes de noviembre de 1935, y en teoría la protección de la industria, promoción de las obras públicas, reformas sociales y educativas.
Los republicanos se oponían la nacionalización de la tierra y de la banca, en contra de las pretensiones de los socialistas de Largo Caballero y los comunistas, pero se imponía el Plan señalado por Azaña e Indalecio Prieto, de manera que el futuro gobierno estaría formado por socialistas y republicanos, con el apoyo de los comunistas.
A finales de 1935, el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, designó como Presidente del Gobierno a Manuel Portela Balladares, gobierno que eligió el 16 de febrero de 1936 como fecha de las elecciones. El resultado electoral fue muy parejo, el Frente Popular obtenía el 47,20% de los votos, mientras que la derecha y sus aliados el 45,70%, aunque la ley electoral primaba a la lista que obtenía la mayoría. En las elecciones del 16 de febrero y 1 de marzo de 1936, la participación electoral subió hasta el 72%, mientras que en Segovia descendió hasta el 72,8% a pesar de la polarización política.
El pasado 29 de mayo se convocaban las próximas elecciones generales, tras los resultados de las elecciones municipales del día 28 anterior. Sin embargo, las declaraciones del Presidente del Gobierno el día 31 volvía a su versión más radical, señalando: “Ahora toca aclarar las cosas y saber lo que quiere la sociedad”. En definitiva, saber si los españoles quieren “a la derecha extrema y a la extrema derecha” o su socialismo, si quieren un presidente de España “al lado de Biden o al lado de Trump y Bolsonaro”. En definitiva, la vuelta a las dos Españas, la política de bloques y el frentismo. La respuesta no se ha hecho esperar con la creación de doce colaciones electorales, la primera dirigida por la CUP en Cataluña, denominada con claras intenciones ‘Candidatura D´Unitat Popular- per La Ruptura’, seguida por la creada en el Senado por los grupos políticos de apoyo del Gobierno, Ezquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria BILDU, con la denominación nítida ‘Izquierdas por la Independencia’. Seguida por la Coalición Electoral Partit Demócrata Català Spai Ciu (PdeCat-E-CIU) y la Coalición JUNTS (Junts per Catalunya, Movimenrt D´Esquerres y Demócratas de Catalunya). Por último, en el ámbito nacional, conocemos la Coalición SUMAR con Yolanda Díez a la cabeza, unas coaliciones con ánimo de vencer y no de convencer al otro. Lejos quedan los resultados de la Transición, la política de consenso, los pactos de Estado, y que ayuden a la superación de las controversias políticas seculares de nuestro país.
