El negocio no puede ser muy limpio cuando es el trabajador el que paga al empresario. Pues ha vuelto a ocurrir.
Aparece cuando se está cerrando la ejecución de otro caso similar: el de un empresario de la construcción que contrataba a inmigrantes para recibir prestaciones por desempleo. Ahora se ha desmontado otra trama similar, pero en el sector agrario.
Fue a finales del año pasado cuando la Policía Nacional de Segovia anunció la desarticulación de una trama empresarial dirigida por un ciudadano de la zona de Cuéllar que al menos durante dos años estuvo estafando a la Seguridad Social.
Además del cabecilla, detenido por los agentes, fueron arrestadas otras siete personas. Pero además se está investigando a un total de cien supuestos trabajadores. A todos se les imputan delitos de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.
Se trata de la operación policial bautizada como ‘ORAP’. La investigación se inició el 24 de noviembre del año 2022, a raíz de una comunicación efectuada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Segovia a la Comisaría de Policía de Segovia.
Entre la amplia burocracia que rodea al SEPE, a algún avispado funcionario no le pasó desapercibido un detalle en la marabunta de peticiones de ayudas por desempleo que llegaban a su mesa. Un gran número de los peticionarios de estas prestaciones compartían un mismo empresario que les había contratado. En el análisis en las oficinas llamó la atención que muchos de los trabajadores habían sido contratados, bien por un corto número de días, o por el tiempo necesario para poder obtener en ambos casos la prestación por haberse quedado en paro.
El SEPE trasladó esta información a la Comisaría de Policía de Segovia. Por algún motivo que no se ha explicado desde la Subdelegación del Gobierno, se llevó el caso a la Comisaría en lugar de hacerlo a la Comandancia de la Guardia Civil, donde debía haberse tramitado esta incidencia, al ocurrir en la provincia, concretamente en la zona de Cuéllar.
En todo caso, el grupo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se puso a analizar de forma pormenorizada los hechos e intuyó que podría haberse estado cometiendo algún delito. De este modo se inició una investigación con la Inspección de Trabajo de Segovia y el SEPE, desde donde se había lanzado la voz de alerta.
La investigación se centró en comprobar la actividad empresarial. Se abrieron varias líneas de trabajo documentales y operativas: tipo de contrataciones efectuadas, comprobación de sedes de la empresa, contratos realizados, información patrimonial, así como la forma de contratación y declaraciones de terceros entre otras cosas.
“Para comprobar todo esto hemos tenido que investigar y revisar una cuantiosa documentación, como facturas falsas para justificar las contrataciones…. muchas horas de investigación, de trabajo y de localización, tanto de implicados como de estudio de las empresas falsarias para comprobar esas prestaciones falsas”, explicó en rueda de prensa el comisario jefe de Segovia, Miguel Ángel Martínez.
De esta labor los agentes pudieron comprobar varias cosas. Entre otras, que el empresario cabecilla de la trama contaba con algunos antecedentes policiales por otros motivos distintos al que ahora se trataba.
Pero sobre todo vieron que se había creado una red de empresas con el único propósito de defraudar a la Seguridad Social. La mayoría de ellas no tenían actividad alguna a pesar de figurar como constituidas legalmente. “Este fue uno de los detalles más relevantes de la investigación”, explicó el comisario jefe.
Descubrieron que los empleados eran los que pagaban en efectivo cantidades al empresario, proceso inverso a lo que teóricamente debería ser. Es decir, una parte de lo que iban a recibir como ayuda al desempleo, se lo daban al empresario por haberles contratado.
Las cantidades oscilaban entre los 300 y los 600 euros, según el tipo de contrato y las ayudas que les iban a corresponder.
Los supuestos trabajadores son personas casi todas de la misma nacionalidad y pertenecientes a la Unión Europea.
Documentación por wasap
Para el inspector de Policía, Alfredo García, que ha dirigido la investigación, la trama suponía un “acuerdo de voluntades” entre el falso empresario y los falsos trabajadores. “Contactaban con el empresario vía wasap y le enviaban por ese canal toda la documentación que precisaba para hacer las contrataciones”. “Simplemente intentan constatar que había unas contrataciones laborales con el propósito de despedir luego a los supuestos empleados para que tuvieran derecho a la prestación por desempleo”.
Luego intervenía una gestoría profesional, que era la autorizada para llevar a cabo las contrataciones a través del programa informático ‘Contrat@’ que el Ministerio pone a disposición de los empresarios o representantes para hacer las gestiones online.
En otros casos, cuando a un trabajador, por ejemplo despedido de otra empresa, le faltaban algunos días de cotización para poder acceder a la ayuda, acudían a este empresario para completar el período mínimo y así lograr el subsidio. “Lo contrataba por los días exactos”. Este fue el detonante que activó la alarma en el SEPE.
Los policías vieron así que existían hasta cuatro modalidades diferentes de defraudación, atendiendo a las necesidades de los falsos trabajadores para poder obtener la prestación por desempleo.
Los hechos delictivos no habían sido algo puntual, sino que se venía haciendo a lo largo al menos de los dos últimos años.
La contratación continuada y falsa había llegado hasta un centenar de personas que no ejercían actividad laboral alguna. Su único propósito era obtener la prestación por desempleo.
Otro de los delitos que se le imputan al empresario cabecilla es el pago de cantidades en metálico por la simulación de estos trabajos; así como la elaboración de facturas falsas para justificar las contrataciones realizadas.
Como resultado de estos trabajos fueron detenidas siete personas, entre las cuales se encuentra el empresario y cabecilla de la trama. Tanto él como las siete personas más próximas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Cuéllar.
Todas las líneas de investigación documental y de carácter operativo llevadas a cabo consiguieron el esclarecimiento completo de los hechos delictivos y la identificación de todos sus autores, incluidos los colaboradores. En total se conoce como tales o autores de la comisión delictiva a 93 personas, la gran mayoría extrajeras, y que se han movido por otras provincias donde también han solicitado luego las prestaciones por desempleo.
El fraude cometido por los investigados supone más de 386.000 euros, teniendo en cuenta sólo los dos años analizados: 2021 y 2022. Las diligencias siguen abiertas y no se descartan más detenciones, aunque desde la Subdelegación del Gobierno ni desde la Comisaría se ha precisado si hay más personas involucradas.
Aún se desconocen las peticiones de pena que hará la Fiscalía, aunque fuentes jurídicas señalan que el empresario cabecilla se enfrenta a penas de prisión y sanciones económicas muy severas.
Por su parte, los trabajadores que habrían solicitado las ayudas por desempleo se enfrentan a una sanción administrativa que oscila entre los 6.000 y 10.000 euros , además de la devolución de las cantidades recibidas de forma irregular, sin descartar cárcel.
La subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, señaló sobre este caso que es un “fraude que nos afecta a todos, a los empresarios legales y a los que pagamos impuestos”. Y felicitó a la Policía por la “ardua” tarea de investigación que tras un año permitió desmontar una trama que se extendía de forma rápida.
El comisario jefe de Segovia, Miguel Ángel Martínez, destacó la colaboración institucional para lograr desvelar este tipo de delitos “que inciden al final en los empresarios que trabajan duramente todos los días, y también en los trabajadores que precisan de prestaciones a las que tienen derecho”.
Antecedentes
El caso de la operación ORAP no es el único que de este tipo se ha desmantelado en Segovia en los últimos años.
En el año 2020, antes de la pandemia, se juzgó en Segovia a más de un centenar de personas también por hechos similares. Se trataba de una trama desmantelada por la Guardia Civil y que bautizó con el nombre de Operación Aquileo.
Aquel caso fue llamativo por el alto volumen de personas implicadas, lo cual obligó a celebrar un juicio fuera de las dependencias judiciales. Fue preciso habilitar una amplia sala en los bajos de la entonces nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ubicado en la calle Pinar de Valsaín. Allí se analizó lo que ocurrió entre los años 2009 y 2012 en un grupo empresarial del sector de la construcción.
La Fiscalía atribuía al supuesto constructor “la elaboración de contratos falsos a trabajadores extranjeros a los que daba de alta en la Seguridad Social para que estos, mediante la entrega de precio en algunos casos o de forma desinteresada en otros, pudieran regularizar su situación en España y solicitar y percibir prestaciones o subvenciones de la Seguridad Social”.
Los contratos firmados, que eran comunicados al Servicio Público de Empleo (SEPE) y a la Seguridad Social “reflejaban la realización de obras o servicios que, en ningún caso se iban a llevar a cabo, circunstancia conocida por todos los firmantes”,
Además la compañía no figuraba en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) y no tenía actividad real. Pese a dar de alta a los trabajadores, el titular no abonó las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, por lo que generó una deuda superior a los 569.120 euros.
Para el cabecilla pedían tres años y siete meses de cárcel: veintidós meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y un año y nueve meses por un delito contra la Seguridad Social, así como un millón de euros de multa. El resto se enfrentaban a un año de prisión y ocho meses de multa, con una cuota diaria de doce euros. Pero hubo acuerdo finalmente y hoy está a punto de finalizar la ejecución de la sentencia.
Aquella operación ‘Aquileo’ marcó un hito en la lucha contra el fraude de la Guardia Civil en la provincia. Su dispositivo culminó con la detención de 61 personas y la imputación de otras doce más en Segovia, Ávila, Madrid, Alicante, Murcia, Gerona, Las Palmas y Toledo. La investigación se llevó a cabo en estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo y con el apoyo también del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Segovia.
Fue en noviembre de 2012 cuando se anunció el desmantelamiento de la extensa trama, cuyo núcleo estaba en Segovia.
Las investigaciones empezaron a raíz de las sospechas levantadas en varias provincias, entre ellas la segoviana, por el gran número de extranjeros que usaban contratos de trabajo de una constructora radicada en esta provincia con el fin de regularizar su estancia en España.
Ese fue el detonante, aunque detrás de esta operación ‘Aquileo’ estaba también una trama desarticulada por la Guardia Civil unos meses antes, que se resolvió entonces con cinco detenidos como presuntos integrantes de una red que regularizaba fraudulentamente a inmigrantes hindúes, para lo que usaban registros municipales de parejas de hecho.
Las pesquisas permitieron constatar que la empresa no tenía actividad laboral alguna que justificara la cantidad de empleados que poseía. Incluso esta compañía, utilizada de pantalla por el cerebro de la red delictiva, se hallaba en disolución y acumulaba pérdidas por importe de unos 150.000 euros.
La Guardia Civil comprobó que los extranjeros empleaban los contratos para solicitar el permiso de residencia y trabajo y, por otro lado, pedir prestaciones por desempleo y ayudas familiares.
Los agentes también detectaron que los inmigrantes usaban la documentación laboral para fundamentar desde peticiones de reagrupamientos hasta permisos penitenciarios o préstamos bancarios.
El presunto cabecilla realizaba las actividades a través de un bar que regentaba en Segovia. Usaba el local de punto de encuentro para los ‘negocios’, según explicó en su día la Subdelegación del Gobierno. “No necesitaba hacer publicidad porque su actividad se difundió rápidamente por el boca a oído” entre la comunidad foránea, sobre todo entre los marroquíes. Los arrestos correspondían a los extranjeros que estaban sin papeles y que supuestamente recurrieron de forma voluntaria a esta trama ilegal para intentar regularizar su situación mediante el acceso a los pertinentes permisos de residencia y de trabajo.
Ante la posibilidad de que hubieran sido estafados, la Guardia Civil no albergó dudas de la intencionalidad e indicó en la detención que “conocían el fraude porque se da la paradoja de que en su caso era el trabajador el que pagaba al empresario”.
En el juicio oral, iniciado ahora hace cuatro años, la mayoría de los acusados reconoció los hechos, incluido el empresario.
De los 50 acusados declararon 36 acusados; el resto fueron rebeldes o juzgados en ausencia.
El empleador reconoció también los hechos. “Nos quebraron por la construcción, no teníamos actividad”, dijo y que no fue él quien promovió la trama: “Yo no busqué a nadie, me vinieron a mí a pedirme el favor”.
Uno de los acusados manifestó así su parecer: “Es una cosa que todo el mundo sabía. Hay un tío que hace contratos y ayuda a la gente. Pues fui yo también”.
