Más de seis años han pasado desde que la actual alcaldesa, Margarita Meroño, en nombre del Ayuntamiento, y varias personas, denunciaran varios hechos como posibles delitos de prevaricación administrativa, delitos urbanísticos, malversación de caudales públicos, falsedad documental e incluso delitos electorales. De todos ellos sería responsable el anterior alcalde, Santiago Fuentes, además de varios de los concejales y la secretaria.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no ha presentado acusación el Ministerio Fiscal, al que desde el Juzgado de Santa María la Real de Nieva se trasladaron las diligencias. Sí presentó un recurso de reforma en 2019, fuera de plazo; y pidió una prórroga en 2019.
Al entonces alcalde se le atribuyen diversas irregularidades, según los denunciantes. En las diligencias judiciales se señala que siendo alcalde Santiago Fuentes, sus concejales concedieron licencia de obra para el regidor, pese al informe negativo de la secretaria.
Le atribuyen el no dar de alta a trabajadores para el Ayuntamiento, ni tener consignación presupuestaria; de alterar el inventario del Ayuntamiento anulando la titularidad municipal de una parcela; favorecer a algunos concejales en los tributos locales al no reclamarles los recargos como a otros vecinos; el cambiar la titularidad de una licencia de obras a un familiar directo sin haber presentado solicitud ni delegar el voto.
Igualmente, le imputan el modificar y aumentar un presupuesto de una obra de construcción que llegó hasta los 60.000 euros en pavimentos de algunas calles; no tramitar expediente administrativo para otra obra adjudicado a esta misma empresa constructora.
Le acusan también de no informar a los vecinos del mal estado del agua de consumo. Pero igualmente le atribuyen de no pagar el agua de consumo de su negocio de hostelería; como tampoco habría pagado tasa alguna por un cartel publicitario de construcciones de las que era promotor.
Y en clave electoral le atribuyen el no someter a sorteo la composición de las mesas electorales.
