Has sido mi compañera obligada durante casi dos años. Te llevé conmigo a todas partes, te interponías en mis conversaciones con los amigos. A veces casi ni me dejabas respirar, de puro exigente. Eras molesta como un grano. Me decían que me resulta políticamente muy significativo que el ‘Libro blanco’ para la reforma tributaria elaborado por el denominado Comité de expertos y presentado en marzo de 2022, no dedique en sus 788 páginas una palabra a los regímenes tributarios forales. Máxime cuando el anterior informe del año 2017, el Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, concluyó que un nuevo modelo debería incorporar a las comunidades forales a la financiación de la solidaridad interterritorial, ‘desactivando’ el foco de inestabilidad institucional que existe en este ámbito derivado de la desigualdad de recursos y gastos en servicios públicos fundamentales entre CCAA de régimen común y forales, de modo que las Comunidades debieran aportar unos 2.600 millones de euros a la solidaridad interregional para financiar los servicios fundamentales en territorio común. Al mismo tiempo que resulta imprescindible una revisión del cálculo del cupo y de la aportación, así como de los ajustes al consumo del IVA para adecuarlos a las directrices que establece la normativa vigente.
El citado informe concluía que resultaba imprescindible una revisión del cálculo del cupo y de la aportación, sin cuestionar el sistema foral de concierto o convenio, al mismo tiempo que la introducción de una reducción drástica de las diferencias entre las Comunidades forales y las del territorio común, y el comienzo de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial, en definitiva aportar su contribución al objetivo constitucional de solidaridad interterritorial. Nada se dice en el reciente informe, salvo un nuevo ajuste al alza de la presión impositiva mediante el establecimiento de nuevas figuras tributarias, el incremento de los tipos reducidos en el IVA y la supresión de beneficios fiscales, cuando tenemos una inflación cercana al 10%, un déficit público elevado y una deuda pública de 1.427.663 millones de euros en diciembre de 2021.
El nuevo informe tampoco se pronuncia sobre la excesiva tributación de las rentas del trabajo en el IRPF, renuncia a que los impuestos directos recauden más, dejando el incremento de los ingresos de la mano de tributos medioambientales y a un incremento a largo plazo de los tipos de IVA, con las implicaciones regresivas para el sistema tributario español derivadas del aumento de los impuestos indirectos. Al mismo tiempo que se ignora los posibles efectos negativos sobre el crecimiento económico por el aumento de la presión tributaria, en momentos de una grave crisis económica, agudizada por una inflación desmesurada y sin que se prevean una disminución del gasto público. Máxime cuando se propone una armonización de los impuestos sobre la riqueza en las diferentes Comunidades Autónomas.
