El Juzgado de lo Contencioso Administrativo declara no ajustado a derecho el contrato de adjudicación del Festival de Cine Europeo a la asociación Trípode Cultural y condena en costas al Ayuntamiento de Segovia, según avanzó este jueves el grupo municipal del PP, que presentó este asunto ante los tribunales.

Aunque no será hasta hoy viernes cuando el portavoz popular Pablo Pérez haga una valoración más extensa de la resolución judicial, los populares señalan en una nota de prensa que en la sentencia el juez alude a la ausencia de informes relevantes exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público, además de apreciar “coincidencias” entre el contrato de dirección adjudicado a Trípode Cultural y varias de las partidas que iban a realizar, de manera individual, algunos de sus componentes y que, según el juez, estarían incluidas en el concepto de dirección. El auto también señala, según la nota del Partido Popular, que no consta en todo el expediente que la Asociación Trípode Cultural tuviera capacidad de obrar y habilitación profesional para llevar a cabo el Festival de Cine Europeo de Segovia.

Para el magistrado con esta ausencia del cumplimiento de la habilitación profesional, el Ayuntamiento de Segovia incumple con la obligación de acreditar y justificar la solvencia profesional de la citada asociación para la contratación del Festival de Cine Europeo. En la sentencia también se hace constar que “no existía base predefinida para informar a la hora de la valoración de los proyectos presentados por los licitadores y que no se realizó ninguna valoración de mercado”.

Tras hacerse pública la sentencia desde el PP, la Concejalía de Cultura ha emitido un comunicado de prensa en el que matiza algunos de los extremos dados a conocer por los populares “desde el respeto y acatamiento” a una resolución judicial que el Ayuntamiento no puede apelar por razón de la cuantía del contrato dirimido en el juzgado.

Respeto con matices

En este sentido, señala que la sentencia está relacionada con un contrato menor que supone “el cuestionamiento de un procedimiento administrativo concreto, sin ninguna trascendencia jurídica”, y precisa que la elección del proyecto presentado por Trípode “se resolvió atendiendo a la calidad del planteamiento presentado y al currículo de sus componentes”, cuya valoración fue realizada “en función del proyecto y en comparación con otros proyectos presentados, como consta en la documentación facilitada tanto al juzgado como al PP”. También señala que la solvencia profesional de Trípode se acreditaba de forma suficiente con la documentación que acompañaba el contrato menor.

Además, considera que desestima “de forma tácita” el argumento de la fragmentación del contrato, ya que “era necesario un contrato plurianual al ser el festival una necesidad recurrente”.

La concejalía considera que la diferenciación entre los trabajos contratados a Trípode y a los profesionales Martín Maíllos y Christine Bouquín –integrantes de la asociación- queda acreditada, ya que el contrato con Trípode aludía a la “conceptualización y dirección del Festival tal y como se realizaba en MUCES”, mientras que los realizados con otros miembros se referían a aspectos de coordinación y gestión de contenidos audiovisuales “que en anteriores ediciones era llevado a cabo por personas diferentes del director y, por consiguiente, presupuestadas aparte”.

En cuanto al extremo señalado por la sentencia de que no se ha emitido informe por parte del Secretario de la Corporación; Cultura precisa que tanto esta consideración como la anterior “no se refieren tanto a este caso concreto, sino que serían extrapolables a todos los contratos menores celebrados por las entidades locales, y los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento no las comparten”.

Renuncia

El anuncio de la sentencia se produce un día después de que la Asociación Trípode hiciera pública su decisión de renunciar a la organización del festival, al considerarse envueltos “en un fuego cruzado político sin culpa ninguna” y afirman que han observado como “gratuitamente y con suma liviandad, se está por la prensa mancillando injustamente nuestro nombre, trabajo, prestigio, con suposiciones y aseveraciones que están lejos de ser verdad, donde se pone en duda nuestra profesionalidad, infundadamente, con fines de réditos muy distantes a la defensa real de la cultura”.

Anuncian esa desvinculación — “obligadamente hacernos a un lado”, afirman— de un proyecto que, por otro lado, ya está ejecutado y pagado a pesar de que la crisis sanitaria impidió la celebración del festival en noviembre del año pasado y añaden que lo hacen “en busca de un contexto más propicio y genuino para apoyar a Segovia y al cine, mientras los otros bandos, en fuegos y batallas ajenas, empecinados y aturdidos por su propio ruido, están dejando indiferentes que se apague la cultura”.