El juicio por el accidente del tren Alvia que descarriló cerca de la estación de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, con un triste saldo de 80 víctimas mortales, entre ellos el joven segoviano Curro García Liras, y 145 heridos, comenzará el 20 de septiembre, si no se producen nuevas circunstancias, y está previsto que las declaraciones de testigos y peritos se prolonguen hasta finales de mayo de 2023.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia hizo público esta semana el contenido del auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago contra el que no cabe interponer recurso. En esa resolución, la magistrada realiza a las partes personadas una propuesta de calendario, así como de contenido de cada una de las sesiones de la vista oral.
En el banquillo se sentarán Francisco José Garzón Amo, maquinista del tren que descarriló a la altura del barrio de Angrois de la capital gallega, y el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Andrés Cortabitarte.
El primero deberá responder acerca de la razón por la que no frenó el convoy antes de la curva de A Grandeira y el segundo sobre la evaluación de riesgos de la línea ferroviaria y la ausencia, si fuese el caso, de medidas que evitasen o mitigasen cualquier potencial error humano, según ha informado la agencia Efe.
En suma, deberá dirimirse si los hechos que se les imputan son constitutivos de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.
Desde la Plataforma Víctimas Alvia 04155, a la que pertenece la familia del joven segoviano fallecido en el siniestro, valoran que se haya fijado ya una fecha para la vista oral del juicio, aunque lamentan que sea más de nueve años después, al tiempo que reiteran que el procedimiento para reparar el daño causado está siendo “insuficiente”.
“Una justicia lenta no es justicia”, señala en un comunicado esta asociación, que lamenta una demora que para ellos “no es casual” y de la que responsabilizan a “las diferentes instituciones del Estado”. Apuntan a inacción inicial de la Fiscalía y a maniobras de dilación de Fomento, Adif y Renfe. Sobre esta última operadora, consideran que también debería haber algún dirigente en el banquillo.
Igualmente, continúan reclamando responsabilidades políticas de altos cargos de PP y PSOE antes y después del accidente.
