Para los que aplauden el último dato de la deuda de las Administraciones Públicas (el 102,3% del PIB el pasado julio), lo importante es que baja 1,9 puntos porcentuales respecto a ese mismo mes de 2024, caída que debe agradecerse al aumento del Producto Interior Bruto. Si se deja fuera del razonamiento ese teórico aumento de la riqueza nacional, la deuda ha llegado en términos absolutos a un récord histórico de 1,68 billones de euros, con fuerte subida del 3,9% interanual, según los datos avanzados por el Banco de España.
También las cifras más recientes de la Seguridad Social evidencian una escalada de la deuda, contante y sonante, de 126.000 millones de euros, un 8,6% más que en julio de 2024, lo que representa el 7,7% del PIB. Solo entre enero y julio de 2025, la deuda de las Administraciones Públicas se infló en otros 59.700 millones respecto a diciembre de 2024. El Estado fue la máquina gastadora que más contribuyó a disparar la deuda, con 51.400 millones adicionales, registrándose incrementos igualmente fuertes en las Comunidades Autónomas (4.100 millones de euros más) y, de menor potencia, de las Corporaciones Locales (con aumento deudor de 700 millones).
El Gobierno insiste en que la clave de su satisfacción está en esa ratio, donde es fundamental el dato creciente del PIB, ya que en la Unión Europea el indicador estándar que se utiliza para valorar la sostenibilidad de las finanzas públicas es precisamente ese. En España, la cifra oficial la publica el Banco de España siguiendo el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de Eurostat, que asegura la posibilidad de comparar con otros países de la UE. Por su parte, el PIB nominal es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un año, a precios corrientes. Lo calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata de un indicador muy relevante, ya que, entre los criterios de Maastricht, se estableció que la deuda pública no debería superar el 60% del PIB (aunque la mayoría de países de la eurozona lo rebasan). También sirve para medir la capacidad del Estado de financiarse y evaluar su sostenibilidad fiscal.
Para comprender la relación entre dato de deuda pública y dato de PIB se puede utilizar la imagen de una bola de nieve que cae por la montaña. La pelota de nieve agranda su tamaño de forma constante en su descenso, pero si la montaña aumenta de volumen entonces, vista en perspectiva, parece que la bola rodante mengua y aparenta menor volumen. Pero la realidad verdadera es que cada vez es mayor.
En 2014, se produjo un fenómeno singular que amplió el tamaño del PIB (o de la montaña, siguiendo el ejemplo de arriba). Desde septiembre de 2014, el INE sumó al cálculo de la riqueza nacional (todos los bienes y servicios de España) una estimación de actividades ilegales: prostitución, drogas y contrabando. La decisión de incluir esos negocios sumergidos no fue solo española, sino una exigencia europea que transmitió Eurostat, el órgano estadístico de la Unión Europea, a los estados miembros. Se obligó, con cierta polémica, a que los países armonizaran las cuentas aplicando el SEC-2010 (Sistema Europeo de Cuentas). La explicación oficial fue que el objetivo era mejorar la “fotografía” global del PIB, que debe reflejar la producción total de bienes y servicios en una economía, incluyendo transacciones reales, aunque ilegales. Ese criterio abrió paso contable a la prostitución voluntaria, a la producción y comercio de todo tipo de drogas (heroína, cocaína, speed…) y al contrabando (por ejemplo, de tabaco). El nuevo sistema de cálculo hoy vigente dejaba fuera otras actividades de tipo criminal que implicaban violencia o robo, ya que no eran voluntarios.
Dado el carácter peculiar de este tipo de negocios, las herramientas estadísticas del INE son estimaciones de tipo indirecto al no existir estadísticas oficiales que reflejen con exactitud ese submundo. En esa laxa valoración se incluyen informes policiales y judiciales, cálculos a ojo del número de trabajadoras y trabajadores sexuales (con tarifas medias y tanteo sobre la demanda), estudios especializados sobre consumo de drogas, encuestas de salud o datos de incautaciones y decomisos.
¿Y a cuánto asciende esa inclusión del umbrío y resbaladizo mundo delictivo en el cálculo del PIB? El INE señaló en su momento que meter estas actividades elevó el PIB cerca de un 0,87% en 2010, año base usado para la revisión de aquel momento. Algunos estudios sitúan en 14.000 millones de euros el tamaño de estos negocios en España en la actualidad, cerca del 1% del PIB. Se ha evaluado que la mitad de ese porcentaje corresponde al tráfico y comercio de estupefacientes, seguido por la prostitución (0,35%) y el juego ilegal (0,07%). No son, por tanto, moco de pavo a la hora de valorar la bondad o gravedad de las celebradas cifras de deuda.
En concreto, para el ejercicio 2021, en la revisión extraordinaria del INE, se apunta que la incorporación de estimaciones de economía ilegal (prostitución, drogas, etc.) fue uno de los ajustes que aumentó el PIB informado para ese año. Son cifras significativas que deberían rebajar la euforia de las autoridades económicas.
Volviendo a los datos más recientes de deuda, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento, con 1,52 billones de euros, lo que equivale al 92,9% del PIB (incremento interanual del 4,1%). La medalla de plata se la llevan las Comunidades Autónomas (340.000 millones, el 20,7% del PIB, con elevación del 1,6%). Sin embargo, las corporaciones locales redujeron su deuda un 1,6%, hasta los 23.000 millones (1,4% del PIB). En definitiva, la deuda de las Administraciones Públicas cerró julio con casi 1,7 billones de euros (1,680) y subida del 3,9% respecto al mismo período del año anterior, según el Banco de España. La alegría de las autoridades económicas se concentra, por tanto, en que la ratio del pasivo con respecto al PIB se acortó en casi dos puntos porcentuales (1,9), situándose en el 102,3%, frente al 104,2% del mismo mes del 2024. Quien no se consuela es porque no quiere.
