La ministra de Política Territorial y cabeza de lista del PSC al Congreso de los Diputados por Barcelona, Meritxell Batet, quiso zanjar las polémicas declaraciones del líder de su partido, Miquel Iceta, defendiendo la necesidad de que la democracia busque, en caso de que el independentismo tuviera el respaldo del 65% de los catalanes, un mecanismo para gestionar ese escenario.
“Es un tema absolutamente zanjado. Él mismo matizó y corrigió sus palabras”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y subrayó que “el proyecto socialista combate de manera muy contundente el independentismo y defiende el sistema constitucional y estatutario”.
Y dentro de ese sistema, “ese referéndum no tiene cabida”. “Lo que sí estamos haciendo desde el Gobierno, desde las instituciones y desde el Partido Socialista es trabajar para mejorar la convivencia entre los ciudadanos, que ésa sí tiene que ser una prioridad que deberíamos tener todos los poderes públicos”, porque la realidad es que la “sociedad española está más fracturada que nunca”.
Rechazo a la petición
En 2013, Batet, siendo diputada del PSC, votó en el Congreso de los Diputados a favor del derecho a decidir, junto a la mayoría de sus compañeros socialistas catalanes dividiendo así el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que el PSOE votó en contra.
Eran los tiempos en que el PSC, con Pere Navarro al frente, defendía el reconocimiento del derecho a decidir de los catalanes a través de un referéndum pactado. Tres años después, los socialistas catalanes, ya con Iceta en la dirección, abandonaron estos postulados y se alinearon con la postura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, consistente en la promoción de una reforma constitucional que avance hacia el modelo federal y que resuelva el encaje de Cataluña en España, reforzando su autogobierno.
En la misma rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, coincidió con Batet a la hora de señalar que “no existe en la Constitución tal derecho de autodeterminación”, como ha venido reiterando el Gobierno desde “el día uno”. “Es una raya roja para este Gobierno y, por tanto, no contemplamos nada que tenga que ver con eso en relación a la investidura”, aseguró.
Celaá contestaba de esta forma a la vinculación que otra vez el president de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho de la autodeterminación, que exige negociar con el PSOE si Sánchez quiere el apoyo de los independentistas en una futura investidura.
- Decretos ley. El Gobierno confirmó que no aprobará más reales decretos ley, de manera que los que convalidará o rechazará la Diputación Permanente del Congreso en su sesión del 3 de abril serán los últimos que vea este órgano que sustituye al pleno con las Cortes disueltas. Se trata de decretos leyes relativos a las nuevas medidas para el alquiler de viviendas, los planes de contingencia para acometer un brexit sin acuerdo, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, y un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
- Despoblación. El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, y entre cuyas medidas se encuentra la incorporación del impacto demográfico a todas las nuevas normativas y licitaciones públicas “como ya pasa con el impacto ambiental o de género”, explicó Meritxell Batet. “Este reto demográfico es un auténtico proyecto de país que favorece la cultura de la cooperación y de la colaboración entre todas las administraciones y partidos políticos”, subrayó la ministra.
