El Gobierno se mantiene “firme” en su voluntad de aprobar la tasa a determinados servicios digitales, conocida como ‘tasa Google’, y posteriormente la adaptará, cuando se apruebe, a la normativa común que vea la luz en el marco de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Así lo señaló la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que el Ejecutivo da la “bienvenida” al documento de la OCDE que plantea un impuesto unificado para 134 países de cara al año que viene para que las grandes corporaciones digitales tributen donde estén sus usuarios, con independencia del domicilio fiscal de las compañías.
“El Gobierno sigue firme en su voluntad de impulsar este impuesto (‘tasa Google’) y cuando se apruebe la normativa común, lo adaptará como hace con otras figuras fiscales”, aseveró Montero, quien considera que era necesario la adopción de medidas comunes en el marco de la UE para conseguir cierta armonización fiscal e impulsar un nuevo impuesto consensuado con los Estados miembros.
Montero subrayó que el Gobierno fue “vanguardia” en el conjunto de la Unión Europea alertando de que había áreas de actividad económica no recogida en la normativa fiscal, lo que supone una “injusticia fiscal” para los negocios tradicionales, puesto que “pagan más impuestos” que los negocios que se desarrollan en el entorno digital.
OCDE
En este sentido, celebró la iniciativa lanzada por la OCDE para 134 países y explicó que desde el Gobierno español se está estudiando el texto propuesto y comprobó ya que hay “muchas similitudes” con el impuesto que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez y “en algunas cuestiones va más allá”.
En esta línea, dijo que era “muy conveniente” que el debate sobre la fiscalidad relativa a la economía digital sea un debate protagonista en la UE y la OCDE para que “entre todos” se adopte una fiscalidad “similar u homologable” en los distintos países.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó a principios de año el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales’, que preveía grava aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, si bien quedó paralizado con motivo del bloqueo político de los últimos meses tras la falta de apoyos a los Presupuestos de 2019.
En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, buscaba gravar el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
El nuevo impuesto se dirigía, y si finalmente se aprueba, afectará por tanto a las plataformas que ponen en contacto el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto. El Gobierno prevé recaudar con este tributo unos 1.200 millones de euros al año.
Mientras, las principales multinacionales digitales, como Google, han rechazado la nueva figura tributaria prevista por el Ejecutivo.
