El Gobierno contempla “todos los escenarios posibles” ante el desafío independentista en Cataluña, incluida la posibilidad de activar la Ley de Seguridad Nacional en el caso de que se produzcan graves alteraciones del orden público en Cataluña.
Así lo han indicado fuentes del Ejecutivo, después de que varios medios hayan informado de que el Gobierno tiene preparado un plan de respuesta en Cataluña ante el escenario de tensión que podría desencadenarse cuando se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, a mediados de este mes de octubre.
En este sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que la responsabilidad del Gobierno “es máxima”, que analiza y observa la realidad de Cataluña y que actuará “en la forma oportuna, en el momento en que sea preciso” y siempre aplicando el ordenamiento jurídico.
Grande-Marlaska contestó así al ser preguntado sobre si el Gobierno en funciones estudia aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de los Mossos d’Esquadra, como han reclamado, entre otros, el PP.
Sin alarmas
No obstante, Marlaska reclamó no ser “alarmistas” ni hacer de “futurólogos” sobre la aplicación de este tipo de mecanismos legales que solo deben aplicarse “en los momentos oportunos”.
“Las leyes en este país se aplican cuando los supuestos de hecho concurren”, apostilló.
La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña como hipótesis que el Gobierno tiene en cuenta para contrarrestar la respuesta independentista a la sentencia del ‘procés’, así como la desaceleración del empleo en septiembre, se convirtieron ayer en dos argumentos que previsiblemente tendrán un importante tirón electoral.
La Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPyD, y pese al rechazo de los grupos nacionalistas, permite al presidente del Gobierno, incluso estando en funciones, emitir un decreto que permita la coordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado ante hechos públicos de gravedad.
Sería un proceso de aplicación más sencilla que el que conlleva el artículo 155 de la Constitución, que conduciría a la intervención de competencias. Sánchez, con todo, no la descarta.
Así lo repitió ayer durante una entrevista al ‘Heraldo de Aragón’, aunque aportó un matiz: buscaría el consenso de los demás partidos.
Desarrollar el 155 necesitaría el aval del Senado, cámara que al estar disuelta, como el Congreso, se ha reducido a la Diputación Permanente. Este órgano podría asumir el trámite.
Hay que tener en cuenta que se avecina una tensa espera de la sentencia del juicio del ‘procés’, que pudiera emitir el Tribunal Supremo a mediados de octubre.
Todo ello regado por dos asuntos clave en el terreno actual. De un lado, el enfado del sector más extremo del soberanismo tras la detención y entrada en prisión de siete miembros de los llamados Comités de Defensa de la República.
El otro, el segundo aniversario del referéndum ilegal celebrado el 1-O en Cataluña y que el martes tuvo una actividad muy descafeinada. Así, líderes y asociaciones llamaron a la desobediencia civil para responder a la sentencia del ‘procés’ si los políticos presos son condenados.
