Han pasado más de cuatro años desde que se inició la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRRTE) financiado con los fondos europeos Next Generation EU. Sin embargo, ese Plan no ha modificado la estructura económica del país, al mismo tiempo que se han reflejado deficiencias en el diseño, gestión y distribución, así como en la eficacia de su utilización. El listado de la Comisión Europea sobre beneficiarios ha manifestado una información relevante pues refleja las 100 primeras entidades públicas y privadas que realizan inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation. El resultado es que el sector público ha recibido el 77,2% de los fondos adjudicados a los 100 mayores beneficiarios. De los casi 9.850 millones de euros distribuidos, 6.417 millones han ido a parar a entidades públicas, 488 a Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otros 695 millones a diferentes ministerios. Dejando solo el 21,29% para empresas privadas.
ADIF ha recibido 4.354 millones y acumula sin embargo una deuda de 18.000, lo que ha determinado que la Ley 2/2024 haya ampliado el límite de endeudamiento para ADIF-ALTA Velocidad y RENFE en 2024 en 1.750 y 880,7 millones de euros, respectivamente. Las empresas privadas beneficiarias de ese grupo han sido del sector de automoción: Volkswagen, Renault, Mercedes Benz, y el sector de las energías renovables: Iberdrola, Repsol, Petronor, EDF.
El referido plan se ha olvidado de un amplio espectro del tejido empresarial, especialmente a pymes y startups, que podrían haber jugado un papel clave en la innovación y el desarrollo económico. Su participación habría quedado reducida a kits digitales, una suerte de “plan E digital” de escaso impacto transformador.
España debería recibir 163.000 millones de euros del programa Next Generation EU. Sin embargo, entre 2021-2023 solamente han llegado apenas 20.000 millones, un 75% menos de los esperado (45,5% en 2021; 39,6% en 2022 y 27,3% en 2023).
El Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia debería recoger las inversiones financiadas por el programa Next Generation EU con 163.000 millones de euros para la economía española, 79.000 millones en ayudas a fondo perdido y 84.000 millones en créditos. Sin embargo, no se ha potenciado el crecimiento de la economía en nuestro país ni se ha generado empleo de forma sostenible en el tiempo.
Los pagos realizados han pasado de 45,5% de los fondos disponibles para el año 2021, al 39,6% registrado en el año 2022, y el 27,3% en 2023. Entre 2021 a 2023 los pagos del programa Next Generation ascenderían a cerca de 20.000 millones de euros, el 25,1% de los fondos previstos para ese trienio. Por otra parte, las Comunidades y los Ayuntamientos no han participado en la elaboración ni el diseño de los planes. La pretensión de inyectar miles de millones de euros en la economía española no ha tenido eficacia. Los Presupuestos Generales del Estado consignaron 24.198 millones de fondos europeos en 2021, 26.900 millones en 2022 y 28.691 millones en 2023, aunque las cifras gastadas han sido 2.400 millones en 2021, 5.200 millones en 2022 y 12.400 millones en 2023.
Según el Banco de España el impacto de los fondos ha sido del 1,3% anual. Sin embargo, hay que preguntarse por la calidad del crecimiento y el efecto de las medidas, así la formación bruta de capital fijo se ha reducido. Al igual que la inversión extranjera, y el gasto en I + D per cápita está cerca del 50% por debajo del promedio europeo.
La productividad ha crecido a una tasa anual media inferior al 1%, al contrario que el promedio europeo que ha sido cuatro veces mayor. Al mismo que el sector público con el 46,4% del PIB va desplazando al sector privado.
Habría sido más eficaz que esos fondos hubieran sido destinados a las pequeñas y medianas empresas, es decir, al tejido productivo, y no en favor de las grandes empresas. Al mismo tiempo que estos fondos deberían haber contribuido a modificar la estructura económica del país y minimizar las diferencias territoriales tan acusadas.
