El empresario funerario vallisoletano Ignacio Morchón Alonso, preso desde el día 2 de febrero por el supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes antes del proceso de cremación, podrá salir de prisión si garantiza fianza hipotecaria de 800.000 euros, según acordó la Audiencia de Valladolid.
El auto de la Sección Segunda de lo Penal, donde el pasado día 22 de mayo se celebró vista para oír la petición de libertad provisional formulada por la defensa del investigado, modifica la situación del empresario Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, quien se encontraba en prisión comunicada y sin fianza, y acuerda prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros, según informaron fuentes jurídicas.
La Sección Segunda considera que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero “sí se ha diluido”, y puede neutralizarse “con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad” como es la imposición de una fianza.
A este respecto, el tribunal tuvo en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, el hecho de tener sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.
La Sala valoró, igualmente, la circunstancia de que no exista la posibilidad de que “altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación” porque ya se intervino toda la documentación encontrada.
Tampoco existe, según consta en la resolución notificada ayer a las partes, “un peligro fundado y concreto” de que el dueño de la empresa funeraria pueda “influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo” ni de que “pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas” o cometer “otros hechos delictivos”.
elevada suma
El letrado de la defensa, Guillermo Ruiz Blay, del despacho Polanco & Seijas, entiende que el tribunal valoró “con acierto los motivos expuestos en el recurso interpuesto que establece la fianza”, si bien advierte de su disconformidad con la “elevada suma de la fianza”, por lo que seguirá luchando por una reducción hasta su desaparición.
La concesión de la libertad provisional se produce frente a la abierta oposición de la Fiscalía de Valladolid, que durante la vista celebrada la pasada semana fundamentó tal postura en el hecho de que las penas hipotéticas que el recurrente afrontaría en un juicio serían graves y, por ello, advertía del evidente riesgo de fuga asociado a su capacidad económica.
Esta misma sala es la que también estudió idénticas peticiones de dos hijos del empresario, Ignacio y Laura, ambos ya en libertad, en el primer caso tras abonar fianza hipotecaria de 800.000 euros y la segunda de 200.000, una vez rebajada la misma ya que había sido fijada en el mismo importe que el anterior.
