El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, recomendó ayer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que acate el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) y retire los lazos y las ‘esteladas’ de los edificios públicos de su titularidad durante el periodo electoral, que contempla desde que se convocan hasta que se celebran las elecciones.
Así lo anunció en rueda de prensa, acompañado del adjunto al Síndic, Jaume Saura, después de que Torra registrara el lunes en el órgano una petición para aclarar qué debía hacer el Govern, una decisión que se comprometieron a acatar.
Hasta ayer, el lazo amarillo se ha mantenido en la fachada del Palau de la Generalitat pese a la petición de la JEC, algo que en caso de incumplirse puede derivar en una sanción administrativa e incluso en un procedimiento judicial por desobediencia.
Tras el requerimiento inicial de la JEC, el viernes pasado el Síndic trasladó al Govern una resolución, en base a otra del 17 de septiembre de 2018, que concluía que debía mantenerse el pleno respeto a la libertad de expresión de todo el mundo, lo que incluye la exhibición de todo tipo de símbolos democráticos antes, durante y después de las campañas electorales, pero que no deben exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral.
Así se lo trasladó por teléfono y en persona a Torra el mismo viernes, que “de inmediato” le pidió aclaraciones sobre algunas cuestiones de dicha resolución, por lo que el lunes el presidente de la Generalitat presentó en el registro un escrito preguntando a qué edificios de titularidad pública afectaba el escrito, si debían retirarse los símbolos puestos por los funcionarios y a qué se refería cuando se habla de periodo electoral.
Ante la demanda de estas aclaraciones, el mismo Ribó decidió no divulgar la resolución adoptada por si las aclaraciones posteriores pudieran cambiar parte del texto, y fue ayer cuando habló de nuevo con Torra reafirmándole la posición de la resolución de 2018.
“Fuera del periodo electoral y tras el periodo electoral, todo el mundo, también las autoridades públicas, deben tener la libertad de colgar esta simbología, pero durante el periodo electoral las autoridades públicas deben abstenerse de ello”, sostuvo.
Libertad de expresión
Dejando claro que las resoluciones del Síndic no son vinculantes, explicó también que los funcionarios y, en general, todo el personal de la administración, deben tener garantizado el derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, pero que la administración puede circunscribirlo “en determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho” con el derecho de la ciudadanía a tener una administración neutral.
Al preguntársele si cree que Torra se ha escudado en el Síndic, Ribó aseguró que no se siente utilizado por nadie y que nunca se ha sentido así desde que está al frente de la institución: “No me siento utilizado, y el día que me eligieron mi compromiso fue que ninguna de nuestras resoluciones fueran interpretadas en clave política”.
Además de reivindicar la independencia de la institución, vaticinó que, pese a la resolución, la casuística a la hora de buscar alternativas a los lazos amarillos será “inmensa”.
A la espera de que hoy presente en el Parlament el informe anual del Síndic de Greuges de 2018, aprovechó para pedir política para buscar una salida al conflicto entre Cataluña y el resto de España: “Hay que huir de llevar la política al Código Penal. El gran tema entre Cataluña y el resto de España nunca se resolverá con el Código Penal”, manifestó.
