Lo anómalo tras la renovación del Tribunal Constitucional y la elección del nuevo presidente es que se esté hablando de victoria del sector progresista sobre el conservador dando carta de naturaleza a etiquetas que desdibujan la independencia de los magistrados. Cuando el tribunal a quien compete la responsabilidad de dictar sentencias sobre recursos contra leyes o normas que pudieran ser contrarias a la Constitución comparece dividido ante la sociedad, y con la opinión pública al tanto de los intereses políticos partidistas de sus miembros, pierde credibilidad.
Sabiendo que sus sentencias tienen el valor de cosa juzgada y que al día siguiente de su publicación ya no cabe recurso alguno contra ellas, resulta perturbador contemplar la nula voluntad de acercamiento entre los dos sectores. División que en el futuro se traducirá en la presumible imposición, a modo de rodillo, del criterio del sector que encabeza el presidente elegido: Cándido Conde-Pumpido. Sospecha que incrementa el hecho de que, rompiendo con la costumbre, también Inmaculada Montalbán, la magistrada elegida como vicepresidenta del tribunal, pertenece al mismo grupo.
Es público y notorio que la llegada de Conde-Pumpido a la Presidencia del TC culmina la sostenida ambición de un hombre que a lo largo de su carrera ni ahorró intrigas ni disimuló filias políticas. La suspicacia viene de atrás. De cuando siendo Fiscal General del Estado, en 2016, dejó para la historia una reflexión que le persigue sembrando inquietud en las mentes de tantos ciudadanos que hermanan justicia con imparcialidad. “He procurado y seguiré procurando -dijo- que la ley se aplique con rigor porque es la materialización de los valores democráticos. Pero también, precisamente por eso, el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”.
Al hilo de la reforma exprés del Código Penal para beneficiar a los delincuentes sentenciados por el “procés” hemos visto como a instancias de Pedro Sánchez se puede cambiar una ley para favorecer a los socios parlamentarios del Gobierno. Socios que siguen reclamando la celebración de un referéndum de independencia. En su toma de posesión Conde-Pumpido ha dicho que semejante consulta no cabe en la Constitución. Pero es el mismo togado que en su día apoyó el Estatuto de Autonomía de Cataluña que luego fue enmendado por el Tribunal Constitucional. Ahora, desde la mayoría que se ha conformado en el TC, el Estado deposita en sus manos un poder que inquieta dada la deriva política que impulsa La Moncloa en relación con los separatistas. Por eso digo que el daño viene de atrás.
