Cuando estaba en la universidad en clase nos hablaban a menudo de “el coste de oportunidad”, un concepto muy utilizado en economía cuando los recursos son limitados, que es como decir siempre, y que viene a significar el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia cuando uno elige una opción. En una inversión, por tanto, sería el dinero que se hubiera podido obtener si se hubiera invertido el mismo importe en otra inversión. Pero no todo es economía, el concepto está en todas partes: si un joven decide dedicar la tarde a ver su serie favorita, el coste de oportunidad podría ser, por ejemplo, suspender un examen por dejar de estudiar.
Una vez conocido, este concepto se puede aplicar en todos los órdenes de la vida. Incluida la vida pública. Es bien conocida en todas las facultades de economía la disyuntiva entre cañones o mantequilla, es decir si una nación invierte más en defensa (cañones), tendrá menos recursos para bienes de consumo, incluida la sanidad o educación (mantequilla).
Últimamente se habla mucho del importante desarrollo que nos trajo la posguerra europea en contradicción con las múltiples crisis a las que el continente se enfrenta actualmente. De igual forma, los que creemos que la Transición rompió con un ciclo histórico negativo, y dio paso a unos años en los que el desarrollo en tantos campos supuso un salto adelante importante, miramos atrás para intentar entender por qué ahora no somos capaces de hacer lo que, en circunstancias más difíciles, sí pudimos. Porque si en la Europa de posguerra y en la España de la Transición hubo un gran progreso fue gracias a ciertos consensos que hoy día echamos de menos. Por tanto, si nos va bien poniéndonos de acuerdo, ¿cuál es el coste de oportunidad de la discordia?
Habría, por tanto, que aproximarse a este concepto desde al menos cuatro perspectivas: económica-presupuestaria, de cohesión social, democrática-institucional e internacional.
Desde el punto de vista económico-presupuestario, la discordia nos lleva, en primer lugar, a retrasos legislativos y regulatorios: proyectos de ley y reformas estructurales (sobre vivienda, pensiones, transición energética, digitalización, agua, financiación autonómica…etc.) que se dilatan en el tiempo, lo que retrasa inversiones y crecimiento. Asimismo, una ausencia de presupuestos como la que estamos sufriendo provoca que cada prórroga presupuestaria suponga pérdida de capacidad de adaptación a necesidades nuevas y de absorción de fondos europeos. Igualmente, a una desconfianza inversora: la incertidumbre política genera primas de riesgo mayores y ralentiza la llegada de capital extranjero.
Si lo analizamos desde la óptica de la cohesión social, observamos una polarización cada vez mayor: la crispación política alimenta desconfianza entre ciudadanos y deteriora la cohesión territorial. La falta de consensos en políticas de educación, salud o vivienda retrasa soluciones que afectan directamente a los colectivos más vulnerables causando una desigualdad de oportunidades. Asimismo, se produce una pérdida de capital humano por la frustración que sufre parte de la ciudadanía, estimulando una fuga de talento (especialmente en el servicio público).
Si se analiza desde una perspectiva democrática-institucional se produce una erosión de la confianza: España ha caído en los últimos años en indicadores de confianza en instituciones y en satisfacción con la democracia (Eurobarómetro, CIS). Se produce una menor calidad del debate público, el tiempo invertido en confrontación resta capacidad de construir agendas compartidas y políticas a largo plazo. Todo ello produce una fatiga en la ciudadanía cuyo efecto es la baja participación en procesos deliberativos y desmotivación electoral, creando un campo de abono para partidos populistas y propuestas extremistas.
Y finalmente, en el contexto internacional se produce una pérdida de oportunidades. Especialmente en los fondos europeos Next Generation EU: cada retraso en ejecución reduce la posibilidad de modernizar infraestructuras, digitalización y transición verde. Mientras otros países pactan estrategias a 20–30 años vista (energía, clima, defensa, educación…etc.) la ausencia de consensos en grandes políticas de Estado tiene como resultado una pérdida de competitividad. De igual forma, observamos cómo la utilización de la política internacional para activar el voto nacional debilita la capacidad de influencia en la Unión Europea y en foros internacionales.
Ahora bien, si consultamos a un economista y le pedimos que cuantifique el coste de oportunidad de la discordia política en España, quizá nos responda que varios miles de millones de euros. Si tomamos de base de referencia el PIB del año 2024 (1,5 billones de euros), unos fondos europeos Next Generation EU asignados en subvenciones directas (2021–2026) de 14.000 millones de euros al año, y si hacemos caso a las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y Banco de España cuando dicen que los retrasos en reformas, presupuestos y ejecución de fondos pueden suponer una pérdida de entre 0,5–1,5 % de PIB anual, (tomemos por tanto un 1 % del PIB que equivale a 15.000 millones €), y cuantificamos unos fondos europeos no ejecutados en un 30% (entre el 20% y el 40% según diversas estimaciones los dos últimos años) nos da un resultado prudente de unos 19.200 millones de euros. Asimismo, y si tenemos en cuenta una elasticidad en el empleo con relación al PIB de 0,4, (con 21 millones de ocupados) si disminuye un 1% el PIB como se ha dicho, equivaldría a unos 84.000 empleos potenciales no creados al año. Otras estimaciones más amplias podrían llegar a 30.000–40.000 millones de euros si se incluyen efectos indirectos. Y esto un solo año, si tomamos el período 2018-2025, estaríamos hablando de un coste de oportunidad de más de 134.000 millones de euros y casi 600.000 puestos de trabajo no creados. Este cálculo, que no pretende ser exhaustivo, demuestra que estamos perdiendo muchas oportunidades que otros aprovechan. No cabe duda de que llevarse bien, no cuesta, pero vale mucho.
