La Junta de Gobierno local ha aprobado este jueves el inicio del procedimiento de imposición de penalidades a la mercantil ROGASA Construcciones y Contratas S.A.U. por cumplimiento defectuoso del contrato administrativo de obras correspondientes al proyecto de ejecución para la terminación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) de Segovia.
Hacía ya semanas que el Ayuntamiento de la capital había anunciado que tomaría medidas para reclamar las compensaciones contempladas en el contrato ante los retrasos en la entrega final de la obras, pero el Consistorio denuncia además otros incumplimientos por parte de la empresa.
Según ha explicado la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el procedimiento para la imposición de penalidades viene motivado por hasta cuatro incumplimientos.
El Ayuntamiento reclama, en primer lugar, 15.208 euros por un incumplimiento ‘muy grave’ al no justificar la implantación del sistema de control de seguimiento de la obra y su uso durante el desarrollo del contrato, al haberse tratado de un criterio para la adjudicación del mismo.
Del mismo modo, se solicitan otros 15.208 euros por incumplimiento ‘muy grave’ al considerarse incompleta e insuficiente la documentación aportada por la empresa para justificar el presupuesto destinado al Plan de Control de Calidad de la Obra –criterio también valorado en la adjudicación del contrato–.
Asimismo, el Consistorio reclama 1.520 euros como consecuencia de un incumplimiento ‘leve’ relativo al retraso sin justificación alguna en la entrega de los datos solicitados por la dirección facultativa o por el responsable municipal para justificar la relación detallada de aquellos suministradores o subcontratistas que han participado en el contrato, entendiéndose la documentación aportada incompleta e insuficiente.
Por último, los responsables municipales exigen a la empresa el pago de una penalidad de 1.824,98 euros por cada día de retraso en la entrega de la obra. Cabe recordar que los trabajos deberían haber concluido el día 9 de enero y que si se cumple la previsión de que finalicen el 28 de febrero la cantidad reclamada por el Ayuntamiento ascendería a unos 90.000 euros.
De esta manera, el total de las sanciones propuestas por el Consistorio suman un montante cercano a los 120.000 euros. La empresa dispone ahora de 10 días hábiles para realizar las alegaciones que considere oportunas.
