El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, un conjunto de nuevas directrices en el ámbito de la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia que tendrá un ahorro para los ciudadanos de 24,6 millones de euros y que afectará a 300.000 expedientes.
Este acuerdo, según explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, es fruto del diálogo con los representantes de la sociedad civil que se ha venido desarrollando durante la segunda mitad de esta legislatura; en concreto con la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, CEOE, las Cámaras de Comercio, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
González Gago explicó que la medida afectará a casi 300.000 expedientes y beneficiará a más de 250.000 ciudadanos, empresas y entidades locales, ya que se eliminan los trámites innecesarios, se acelera la respuesta de la Administración, y se libera a familias, autónomos, empresas y administraciones locales de cargas que les restaban tiempo, recursos y oportunidades.
Además, se estima que este plan conlleve un ahorro de más de 1,3 millones de euros para la propia Administración autonómica, y de más de 66.000 euros para las entidades locales.
El acuerdo establece 54 medidas ejecutivas que involucran a las diez consejerías de la Junta. Estas medidas, que tendrán un coste de implantación de unos 590.000 euros, se dividen en dos categorías: las que requieren la aprobación de normas, y las que requieren actuaciones de carácter organizativo.
En el primer grupo se recogen 40 medidas que tendrán que articularse a través de la aprobación de Decretos, Acuerdos, Órdenes o Resoluciones. Dentro de este grupo, por ejemplo, se encuentra la aprobación de un nuevo Decreto para regular la selección del personal funcionario y laboral en régimen de interinidad, con el objetivo de unificar la presentación electrónica de solicitudes, que supondrá un ahorro estimado para los interesados de más de 934.000 euros al año, al eliminar los desplazamientos físicos, reducir los costes materiales, y evitar potenciales errores burocráticos.
En cuanto al segundo grupo, el Acuerdo recoge otras 14 directrices, entre las que se puede destacar la elaboración de un modelo único para la presentación de los informes anuales de actividades ganaderas con autorización ambiental, que previsiblemente supondrá un ahorro de 348.000 euros anuales a los propietarios de las explotaciones.
Las 54 medidas tendrán que ser ejecutadas desde ahora hasta finales de 2026, con 30 que se implantarán antes de que termine 2025, y 24 que se implantarán el año que viene.
Diez helicópteros sanitarios
El Consejo de gobierno también aprobó la licitación, por 174,1 millones de euros, de la contratación del nuevo servicio de transporte aéreo sanitario urgente, que pasará de cuatro a diez helicópteros, uno por provincia más otro con base en El Bierzo. Nueve serán de tipo ligero y uno de tipo medio, con posibilidad de vuelo nocturno y mayor capacidad de pasajeros, alcance y velocidad, así como equipamiento para traslados más complejos.
El contrato tiene un plazo de ejecución de tres años. Las naves no tendrán límites geográficos en su operativa y atenderán a toda la población que lo precise. Se activarán dependiendo de dónde ocurra el incidente, la gravedad de la demanda y la disponibilidad de otros recursos asistenciales de Sacyl, lo que supondrá que podrán volar por las nueve provincias sin distinción o incluso fuera de la Comunidad si fuera preciso.
Esta licitación prevé que en una primera fase se sumen, a los cuatro helicópteros ya disponibles, tres nuevos en El Bierzo, Ávila y Soria, y posteriormente los tres restantes en Zamora, Palencia y Segovia.
