El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará este jueves, en su reunión ordinaria, el acuerdo por el que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento a iniciativa del Gobierno de España.
Así lo anunció este miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que consideró “inadmisible e inconstitucional” la norma porque “vulnera la igualdad de todos los españoles”, por lo que, tras la remisión del informe del Consejo Consultivo que avala la presentación del recurso, el Consejo de Gobierno aprobará este jueves la decisión para presentar el recurso por los servicios jurídicos de la Junta antes del 11 de septiembre.
Aunque Mañueco anunció que los detalles del recurso los dará el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, sí quiso recordar que la Ley de Amnistía “es claramente inconstitucional, vulnera la igualdad de todos los españoles y ataca el estado de derecho”.
La Junta decidió presentar un recurso ante el propio Tribunal Constitucional para ejercer “la defensa de nuestro estado de derecho, de la democracia española y de la igualdad de todos los españoles ante la ley”. “Se producen unos privilegios ante la ley que son inaceptables”, sentenció Mañueco, que insistió en que la aprobación de la Ley de Amnistía es “una compraventa de votos para que Sánchez siga en La Moncloa” a cambio de “un hecho gravísimo: borrar los delitos de sus socios separatistas”.
En el Consejo de Gobierno del pasado jueves, primero tras las vacaciones estivales, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ya avanzó que el recurso se iba a presentar sin agotar el plazo, que finaliza el 11 de septiembre, tres meses después de la publicación de esta ley en el BOE.
Sin embargo el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, señaló que la “mayor parte” de este tipo de procesos presentados por el PP no tienen base jurídica y, por tanto, caen en “saco roto”. Postura contraria a la del Consejo Consultivo de Castilla y León, que afirmó que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
