El Consejo Consultivo de Castilla y León y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emiten sus dictámenes en 19 y 19,5 días hábiles, respectivamente, lo que en el caso del segundo ofrece una justicia rápida y gratuita que “descongestiona” el poder judicial y genera una confianza a los ciudadanos y las empresas.
En la presentación de la Memoria 2024 de la institución ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes, el presidente del Consejo Consultivo, Sánchez de Vega, que calificó el resumen presentado como un acto de transparencia, defendió esos datos frente a los trece meses de demora en los juzgados de lo contencioso administrativo o los 18 meses cuando se trata del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Sánchez de Vega, que recalcó “el éxito” de la unión de la acción consultiva y la contractual, manifestó que solo seis expedientes dirigidos al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) se elevaron a los tribunales de justicia, lo que supone menos de un tres por ciento del total, que suponían 842 millones en litigio, y menos del 0,5 por ciento fueron los estimados.
Además, refrendó la tasa de éxito del Tarccyl en que una cuarta parte de los asuntos presentados fueron resueltos total o parcialmente mientras que el tiempo medio de resolución es de 43,5 días en los tribunales administrativos sobre los 19,5 de este órgano que ejerce una función prejudicial.
De los dictámenes emitidos, incidió en el aval a la Junta para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y al anteproyecto de medidas que contemplaba la creación de la Autoridad contra la Corrupción, adscrita al Consejo de Cuentas, si bien ahí no se atendió su observación sustantiva de que se aprobará por una ley propia.
Sobre los expedientes de responsabilidad patrimonial, manifestó que se recogen reclamaciones de “la vida diaria de los castellanos y leoneses” al analizar posibles daños por parte de las administraciones en lo que se convierte en “una justicia rápida y cercana”. En este punto, reseñó el expediente por la inoculación por error de una vacuna a un bebé de dos meses que correspondía a una niña de 14 años.
Administraciones locales
En el año 2024, el Consejo Consultivo aprobó 531 dictámenes, de ellos 332 (62,52 por ciento) proceden de administraciones locales, que superaron a los de la Administración autonómica, con 191 (casi el 36 por ciento), y dentro de ésta alrededor del 11,49 por ciento (61 consultas) proceden de la Consejería de Sanidad, el 9,60 de presidencia y casi 4 por Educación. De ese montante, el 75 por ciento correspondieron a expedientes de responsabilidad patrimonial.
La Memoria recoge que León (104), Valladolid (87) y Salamanca (82) son las provincias en las que más dictámenes se agrupan. Además, existen 58 expedientes que “no pueden provincializarse” al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, entre otros) o que afectan a varias provincias, así como al conjunto de la Comunidad.
Por materias, el mayor número de dictámenes provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), al cifrarse en 190, con el 47,29 por ciento; seguidos por el ámbito sanitario, con 49; y otros relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente), con unos 47.
Contratos de servicios
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos, de los que el 60,85 por ciento fueron dirigidos frente a contratos de servicios, el 33,33 por ciento frente a contratos de suministros y el 4,23 por ciento frente a contratos de obras. Así, apuntaron que el principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación, con el 46,03 por ciento.
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 34 actos recurridos (17,99 por ciento). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 81 (42,86 por ciento).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 842 millones de euros en litigio, añadieron.
