El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, destacó ayer que esa institución propia de la Comunidad Autónoma “ha seguido trabajando con independencia, imparcialidad, neutralidad política, con objetividad jurídica y transparencia”, en los ámbitos del asesoramiento al Gobierno, la reclamación de responsabilidad patrimonial y la resolución de recursos en materia de contratación pública.
“El ciudadano entiende que el funcionamiento de las administraciones no ha sido el correcto y reclama contra ello y, por esa vía, lo que hacemos principalmente, en último caso, es proteger y tutelar los derechos de los ciudadanos”, subrayó.
Sánchez de Vega hizo esta exposición en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León antes de intervenir en el acto solemne de presentación de la Memoria de Institución y del TARCCyL correspondiente a 2023. El acto contó con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
539 dictámenes
El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió en 2023 un total de 539 dictámenes y resolvió 180 recursos en materia de contratación pública, sobre contratos por un importe total de 1.580 millones de euros. “Seguimos con un altísimo nivel de respaldo a nuestros dictámenes, que no tienen efectos vinculantes, sino consultivos, y nos llega el respaldo del 95 por ciento de las entidades que tienen obligación de consultar”, indicó Sánchez de Vega. “En el caso del Tribunal, los efectos son vinculantes y, por tanto, se imponen a las partes que están en consulta”, aclaró.
En este contexto, el presidente del Consejo Consultivo incidió en que, en 2023, se “recuperó” el tiempo de decisión en materia de dictámenes. “Es de 18 días y, en el Tribunal, estamos en torno a 24 días más de resolución de los asuntos desde el momento en el que está completo este diálogo. Ello nos pone en una situación muy ventajosa con respecto a la jurisdicción ordinaria, que viene a tardar dos años y medio”, precisó.
El 54 por ciento de las consultas procedió de las administraciones locales y el 45 por ciento, de la Junta de Castilla y León, mientras que el resto es de universidades públicas que pueden acceder al dictamen del Consejo Consultivo.
Además de los dictámenes sobre la potestad normativa del Gobierno, las materias de responsabilidad patrimonial versan sobre asuntos de los derechos “más próximos” al ciudadano. “En materia sanitaria hay un porcentaje muy alto, en asuntos de responsabilidad patrimonial y en el supuesto mal funcionamientos de la actividad educativa, en torno al nueve por ciento. Los porcentajes suelen repetirse, más o menos, prácticamente todos los años”, concluyó.
Ley de Concordia
Por lo que se refiere a la Ley de la Concordia, Sánchez de Vega recalcó, “sin entrar en el contenido”, que “no ha llegado el asunto”, de manera que “no hay juicio que emitir, ni siquiera juicio personal”.
Apuntó que existe la vía de la consulta facultativa, “cuando lo acuerda la unanimidad” de la Mesa de las Cortes y apostilló: “Esa era la clave. En cuanto hubo un voto negativo por parte de alguno de los miembros que forman la Mesa, no se puede plantear porque la Ley del Consejo establece que tiene que haber unanimidad”.
“No me parece ni bien ni mal. Es una posibilidad que existe en otros consejos consultivos de España, en Cataluña y en Canarias, si no recuerdo mal. Los consejos consultivos emiten dictamen cuando se los pide el Parlamento, justamente en ese momento en el que se ha iniciado la tramitación de una proposición de Ley, y todavía no ha habido plazo de enmienda”.
