Con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de eutanasia, que entrará en vigor dentro de tres meses, y que convertirá a España en el séptimo país en reconocer este derecho. La prestación para la ayuda a morir formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».
Su aprobación ha sido celebrada con un prolongado aplauso en el hemiciclo, donde los diputados de Vox han mostrado sus portátiles abiertos con la frase «la derogaremos» en la pantalla, mientras que los del PP han permanecido sentados en sus escaños sin aplaudir. Antes de seguir con las votaciones, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que recordar a Vox que en la Cámara no se puede hacer uso de pancartas y que la libertad de expresión se ejerce mediante la palabra.
Con la aprobación de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule). La ley ha superado durante su trámite parlamentario los vetos presentados por PP y Vox y ha contado con un amplio apoyo tanto en el Congreso como en el Senado.
Entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, plazo con el que cuentan las comunidades autónomas para crear en cada una de las regiones una Comisión de Garantía y Evaluación, órgano encargado de la supervisión de cada caso, formado por médicos, profesionales de enfermería y juristas. El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.
La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- como en el domicilio del enfermo y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha celebrado la legalización de la eutanasia y ha afirmado que con ella, España avanza en el reconocimiento de los derechos, así como en una sociedad «más justa» y «decente».
La diputada del PSOE María Luisa Carcedo, ponente de la ley, ha dedicado su intervención a todos aquellos que han luchado por conseguir que en España se aprobara la eutanasia, a los que prestaron sus manos, como Ángel a María José, para una muerte digna. Hoy -ha dicho- una mayoría de parlamentarios, han cogido el testigo de estas personas que llevan años «clamando» por la regulación de este nuevo derecho. Un derecho que permite hacer uso de una libertad «con mayúsculas».
No ha querido olvidarse del doctor Luis Montes, para el que ha tenido un recuerdo especial como «símbolo de muchos profesionales que perseveran a pesar de las crueles persecuciones» a las que son sometidos, y de las asociaciones de defensa del derecho a morir dignamente por su «amparo ante la desesperación de muchas personas». Por su parte, el diputado del PP José Ignacio Echániz ha asegurado que la eutanasia es un acto antimédico y anticonstitucional y ha advertido del «efecto llamada» que provocará entre las personas más vulnerables, a las que se «empujará» a la eutanasia.
Echániz ha hablado de la «irresponsabilidad» de aprobar esta norma sin desarrollar antes los cuidados paliativos y ha augurado graves consecuencias familiares, sociales y éticas, como la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y entre médicos y pacientes. «Los más frágiles de la sociedad tienen motivos para el desasosiego y el miedo», ha subrayado Echániz.
Desde Vox, Lourdes Méndez, ha anunciado que su grupo recurrirá la ley ante el TC y solicitarán la paralización de su aplicación hasta que no se dicte sentencia. «Más pronto que tarde les ganaremos y construiremos todo lo que han destruido y les daremos esperanza a quienes la hayan perdido». «Revertiremos estas leyes, pueden estar seguros y en nuestra sociedad será la vida la que triunfe y no la muerte», ha asegurado.
La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha calificado la ley de «hito histórico» y ha pedido que no se contraponga eutanasia a cuidados paliativos. Giménez ha afeado al PP y a Vox que quieran «imponer su moral a todos los españoles»: «Ustedes siempre han estado en contra del avance de derechos, porque no quieren la libertad de decidir… pero España va a reconocer este derecho a pesar de su oposición».
