La alcaldesa Clara Luquero ha informado de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ha fallado en una sentencia a favor del Ayuntamiento y en contra de la que fuera concesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla, la UTE (unión temporal de empresas) formada por Pygsur y Collosa, al entender que “no es conforme a derecho” que esta última cesara la actividad de manera unilateral.
Además, la regidora ha indicado que el fallo del magistrado indica que la concesionaria debía dejar este parking en perfectas condiciones, “lo que no hizo, y ha quedado demostrado que los desperfectos se han producido por un déficit de conservación en las instalaciones”.
Luquero señala que “el arreglo de las instalaciones corresponde, por lo tanto, a la empresa” y concluye que toda la inversión que ha realizado el Ayuntamiento en el aparcamiento, que cifra en al menos 200.000 euros, “deberá ser repercutida a la concesionaria” que, además, ha sido condenada en costas por un importe máximo de 2.500 euros.
El Adelantado se ha puesto en contacto con un portavoz de Collosa pero únicamente ha comentado que la empresa “no valora las sentencias judiciales”.
Indemnización
La alcaldesa insiste en que el Juzgado segoviano “nos da la razón” pero admite que todavía está pendiente la resolución judicial sobre el pago de una indemnización a esta UTE por parte del Ayuntamiento. Luquero explica que todavía no hay sentencia, recuerda que los servicios municipales hicieron una valoración de la liquidación a pagar por las inversiones pendientes de amortizar cifrada en 3,6 millones de euros pero que la empresa, que inicialmente habló de hasta 14 millones de euros, reclama finalmente en los tribunales 11 millones.
Como se recordará, en 2013 la concesionaria del parking, que construyó la infraestructura y la venía explotando desde 2005, requirió al Ayuntamiento un reequilibrio económico de una concesión que consideraba deficitaria.
Ante la falta de acuerdo por la vía administrativa, los responsables de la contrata recurrieron a Juzgado de lo Contencioso que en febrero de 2016, a través de una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en julio de ese mismo año, acordó la resolución del contrato. Además de imputar al consistorio la causa de esa medida, entre otros motivos por permitir el aparcamiento de vehículos en las instalaciones del Regimiento, el fallo de la sentencia de apelación indicaba que la administración condenada debía proceder a la apertura de la fase de liquidación.
En noviembre de 2015 la empresa llevó a cabo el cierre unilateral del parking para el servicio de plazas en rotación, permaneciendo abierto para abonados. Finalmente la concesionaria abandonó las instalaciones el 28 de febrero de este año, momento en el que el Ayuntamiento asume la gestión directa, aunque está pendiente la reapertura desde entonces.
