Si allá por 2008, con motivo de la inauguración del Centro Ecuestre de Castilla y León, nos planteábamos algunas preguntas: ¿Qué criterios se siguieron para presupuestar una instalación que una gran mayoría de la población segoviana no había pedido? ¿No había otras necesidades que cubrir en la provincia de Segovia? ¿Se valoraron los gastos de su gestión? ¿Se preguntó a los ganaderos equinos y cooperativistas si era la mejor opción a sus intereses? ¿Había demanda suficiente para abrir en él un centro formativo? Ahora, a finales de 2020, nos las volvemos a cuestionar.
Se vendió un producto, pero sin dar explicaciones de más calado que la promoción de Segovia cuando se organizaban torneos hípicos, más el dinero que iban a dejar los asistentes al sector hostelero. Eran tiempo de Silvia Clemente.
Durante estos 12 años, la gestión del Centro ha estado en manos ‘externas’ a la Junta. Primero la Federación Hípica de Castilla y León y a continuación, durante estos últimos cuatro años, la empresa Amtuna. ¿No crea suficiente riqueza como para que la institución pública se haga cargo ella sola de su dirección? ¿Por qué no se aclaran cuáles son las discrepancias insalvables de las que habla el gerente Jesús Martínez con la Consejería de Agricultura? ¿Volverá la Federación Hípica a ser el próximo gestor? ¿Se la volverá a subvencionar con los trescientos mil euros anuales que no recibió Amtuna? ¿Quién se hará cargo de los gastos corrientes?
En fin, una instalación que costó mucho dinero y que su mantenimiento hace muy difícil su viabilidad. Esperemos al próximo concurso, a las bases del mismo y a conocer el próximo inquilino. Los ciudadanos queremos saber en qué se invierte nuestro dinero.
