¿Hasta cuándo y dónde llegaremos a golpe de decretazos y ocurrencias?
La líder de Sumar, a propuesta de JxCat a cambio de apoyo al bloque zurdo, propone iniciar una nueva legislatura reformando el Reglamento del Congreso para que catalán, vasco y gallego, puedan utilizarse en las Cámaras Parlamentarias, por supuesto con los exigibles sistemas de traducción porque los demás parlamentarios sí tienen la obligación de conocer castellano, pero no las demás lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma bilingüe.
¿Es imposible gobernar con seriedad y sensatez?
¿Con qué intenciones sugiere doña Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno, y aspirante a gobernar nuestro país, al que define como “país de países”, invertir el sentido que tan claro, concreto y conciso manifiesta nuestra Constitución, la ley de leyes de “todos” los españoles, sobre el uso de la lengua oficial de “toda” España, el castellano, y de las demás lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas?
¿Dónde más propiamente que en el Parlamento Nacional, han de entenderse los políticos de todas y cada Comunidad Autónoma, sin necesidad de artilugio traductor, porque “el castellano, lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo”?
Queda claro que “todos” los españoles, también (de momento) vascos, catalanes y gallegos, pueden y deben entenderse en el idioma común de “todos” en el parlamento de “todos” los españoles, aunque sea justo y necesario que las comunidades bilingües pueden utilizar en sus respectivas comunidades su cooficial lengua, como igualmente de claro y concreto pide y explica nuestra Constitución Española.
Si los parlamentarios hablan cada uno en su lengua cooficial, las cámaras de Congreso y Senado, en vez de ser lugar de comunes acuerdos y generales consensos, va a ser la Babel que necesita traductor en cada turno como si de de extranjero se tratase quien esté en el uso de palabra.
¿Cómo vamos a pretender que el mundo mundial respete nuestro idioma si comenzamos nosotros troceándolo, marginándolo, permitiendo o exigiendo que en sesiones del Congreso o el Senado tengamos que utilizar traductor porque en el Parlamento de “todos”, cada uno habla en su particular autónoma lengua?
En numerosas ocasiones he defendido públicamente la protección de esta riqueza cultural que suponen las lenguas cooficiales de comunidades autónomas bilingües, incluso extendiéndome a curiosos lenguajes locales como el curioso “silbo gomero” o incluso nuestra histórica simpática “gacería o briquero”, pero siempre respetando nuestro admirado y populosamente hablado castellano, en el que los más preclaros escritores: Cervantes, Lope y Calderón, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, Quevedo, Bécquer, Unamuno, García Lorca, Delibes, Machado, Zorrilla, Sánchez Ferlosio, Cela, Torrente Ballester, Ana M.ª Matute…escribieron su admirable y admirada obra, idioma que hablan 493 millones de personas, haciéndolo el segundo materno del mundo y tercero mundial más estudiado y usado en red.
Para explicarlo más a pie de obra y más en el claro y llano castellano, yo puedo exigir en una carnicería de Reus, Sitges o Cambrils que me atiendan en castellano, porque ambos estamos en obligación de conocer el castellano, pero no viceversa, una turista de Poblet, Santurce o Carballiño no puede exigir que el restaurante segoviano le sirva en su lengua autonómica, porque no todos los españoles hemos de hablar catalán, euskera o galego, y esto debe saberlo, promocionarlo y ejercerlo el Parlamento español.
Aunque el rico y sabio refranero castellano nos avisa de que no podemos decir de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre, de momento el castellano es la lengua oficial del Estado, y quienes más deberían respetarlo y protegerlo, no conviene que brinden ocurrencias, que, porque también reza nuestro vademécum de refranes y sentencias, “con las cosas de comer no se juega” y el lector sabe que no me refiero a carnicería ni restaurante para preservar nuestro precioso castellano.
