La Comisión Extraordinaria de Cultura que celebró ayer el Ayuntamiento no parece despejar las dudas de la oposición, más bien al contrario, porque los grupos políticos, excepto el socialista, consideran, tras la sentencia del conocido como caso Trípode, que la Concejalía puede no haber tramitado de forma adecuada sus contratos menores.

Más de dos horas y media después de que la concejala de Cultura, Gina Aguiar, acompañada por el coordinador municipal del área de Cultural, José Antonio Gómez Municio, ofreciera las explicaciones que ha considerado pertinentes y los portavoces y concejales asistentes plantearan sus preguntas, las posiciones sobre este asunto entre las distintas formaciones que integran la corporación segoviana no se han movido.

Aguiar se reafirmó en todo lo que había dicho tras conocerse el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, que supone la anulación del citado contrato menor con la asociación Trípode Cultural para la dirección del festival de cine heredero de Muces. La edil del Grupo Socialista reconoce “el error administrativo advertido en la sentencia” pero reitera que “desde el servicio de Cultura no se ha entendido en ningún momento que hubiera un fraccionamiento de contrato, sino la prestación de distintos servicios necesarios para la organización y funcionamiento de la muestra de cine”.

Por otro lado, Aguiar ha informado de que en los presupuestos municipales figura una partida necesaria para la incorporación de un técnico de la administración general que reforzará el trabajo que desarrolla la Concejalía de Cultura en cuestiones jurídicas y administrativas.

Partido Popular

En la comisión extraordinaria han participado cuatro concejales del Grupo Popular, entre ellos su portavoz, Pablo Pérez, pero ha sido uno de los viceportavoces, Marco Sandulli, quien ha llevado la voz cantante, por sus conocimientos jurídicos. El edil del PP ha calificado de “decepcionante” el resultado porque afirma que la concejala se ha dedicado a justificar sus errores sin pedir disculpas por la gestión realizada.

El principal grupo de la oposición insiste en pedir la dimisión de Aguiar o, en su defecto, que la alcaldesa la cese. “En vez de asumir responsabilidades se amparan en que han sido pequeños errores administrativos cuando el juez acaba de anular el contrato porque son errores graves”, sostiene Sandulli quien también ha subrayado que la sentencia recoge que los contratos menores adjudicados a la citada asociación y a dos integrantes de Trípode lo eran “por trabajos que se solapan, lo que indica que la fragmentación es indiscutible y no se puede negar lo evidente, la literalidad de las palabras del decreto de adjudicación”.

Los populares considera muy grave la forma en la que la propia concejala y la alcaldesa quieren restar importancia a esta adjudicación irregular, insistiendo en que se trata de un contrato menor, ya que defienden que la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia “es uno de los festivales culturales más importantes de la ciudad de Segovia y merece la mejor dirección, no una adjudicación a dedo”.

“Prácticas habituales”

Pérez lo argumentaba así: “yo no sé lo qué tiene que pasar en esa Concejalía, qué se tiene que descubrir sobre las irregularidades para que la concejala definitivamente dimita por esas prácticas que vamos a seguir demostrando son habituales en la Concejalía de Cultura”.

Dirigiéndose al resto de grupos políticos, el portavoz del PP indica que no es admisible la condescendencia, “no se puede ser cómplice de este tipo de prácticas” que dice el gobierno municipal quiere esconder “construyendo nuevas historias” como el recurso de casación, que entiende no tiene recorrido, o acudiendo a la Junta Consultiva.

“A lo mejor descubrimos otras cuantas (prácticas irregulares) si no vale con esta para una dimisión”, amenaza Pérez y añade que estarán “vigilantes”.

Ciudadanos

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, considera que la comisión extraordinaria “ha sido un lavado de cara previamente acordado por PSOE y Podemos”, un “cambalache entre el equipo de gobierno y su socio necesario para pasar página de todo este asunto con una comisión”.

La formación naranja preguntó en esa sesión cuántas veces ha procedido la Concejalía con el mismo modus operandi para la contratación de actividades “sin obtener respuesta concreta al respecto”, según Otero, que ha criticado que al inicio de la reunión se entregase “una cantidad ingente de documentación, que asumimos como una falta de respeto absoluta y contrario al principio de transparencia”.

Izquierda Unida

Ángel Galindo, portavoz de IU, socio del gobierno de coalición municipal, ha comentado que “las administraciones públicas no pueden permitirse errores como el que señala la sentencia en los procedimientos administrativos” y asegura que desde su grupo van a ser “muy exigentes con la transparencia en toda la contratación del área de Cultura para que no se comentan más errores que puedan sembrar dudas”.

Sin embargo, al igual que el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, quiere ser prudente antes de solicitar responsabilidades políticas y analizar detenidamente y en profundidad el dossier que la concejala entregó en la comisión, la misma documentación que se presentó en el juzgado tras la denuncia del PP. En una primera conclusión, Galindo cree que “la Concejalía debe cambiar su forma de actuar”.

Podemos

San Juan advierte que el reconocimiento de que se utilizó la fórmula del contrato menor “por una cuestión de calendario” no justifica que no se siguiera el procedimiento correcto para los contratos del festival de cine y añade que ese reconocimiento “añade intencionalidad” a la fragmentación de esos contratos que la sentencia recoge. Sin embargo pide tiempo para “cotejar” las explicaciones recibidas en comisión con la documentación aportada.