Parecía enterrado pero, un año después, el denominado caso Trípode, que supuso un fuerte revés para el gobierno municipal en 2021 e incluso obligó a la que fuera edil de Cultura, Gina Aguiar, a renunciar a su acta de concejal, colea en los juzgados por sendas reclamaciones de cantidades de dos de los integrantes de la asociación llamada a organizar el festival de cine europeo de Segovia.
En este sentido, El Adelantado ha conocido que Martin Sebastian Maillos y Christine Bouquin, que formaban parte de Trípode Cultural, están a la espera de sendos juicios verbales en los juzgados de primera instancia número 2 y número 4 de Segovia para que el Ayuntamiento abone las facturas emitidas por los trabajos prestados en 2020 en relación con la organización de Sé_Cine, la muestra de cine europeo ciudad de Segovia heredera de Muces.
Como se recordará, hace ahora un año, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia declaró no ajustado a derecho el contrato de adjudicación de la dirección de este evento cultural en 2020, que no llegó a celebrarse por la pandemia.
En agosto de ese año el Ayuntamiento de Segovia formalizó un contrato menor por importe de 14.999 euros (18.148,79 con IVA) con Trípode Cultural pero también había contratado trabajos relacionados con la nueva muestra de cine a los profesionales del sector Martin Sebastian Maillos y Christine Bouquin, por unos 12.000 euros en total (sin IVA).
En su momento, Aguiar explicó que el contrato principal, con la asociación Trípode Cultural aludía expresamente al concepto y dirección del festival como tal, mientras que los realizados con los otros miembros de la asociación se referían a aspectos de coordinación y gestión de contenidos audiovisuales. En este sentido, explicó que se había seguido el mismo procedimiento que ya se realizaba cuando la muestra se denominaba Muces, hasta noviembre de 2019.
La exconcejala del Grupo Socialista informó ya en marzo del año pasado de que el contrato con Trípode Cultural estaba en fase de liquidación y estaba ejecutado el 80% del proyecto, aunque añadió que había dos facturas pendientes de pago.
El actual concejal de Cultura, Alberto Espinar, ha admitido que el Ayuntamiento tiene facturas pendientes de pago con los dos demandantes debido a que “hay un reparo de Intervención” precisamente por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que declaró que los contratos son irregulares.
Espinar reconoce que “toda esta situación es una pena, sobre todo porque consideramos que se han ejecutado los trabajos pero al final tenemos un marco jurídico que no podemos obviar”.
En este sentido, apunta a que desde la Concejalía, como desde el gobierno municipal, solo pueden esperar “a que sean los tribunales los que establezcan qué cantidades y cuándo se deben pagar”.
El concejal añade que no conoce al detalle las características de la reclamación realizada por Maíllos y Bouquin pero insiste en que como corporación local “no podemos ir en contra de un reparo de la Intervención municipal amparado por una sentencia judicial”.
