La Fundación Caja Segovia ha presentado en el Supremo el recurso de casación por el caso de las prejubilaciones millonarias. Y en él desiste de mantener las acusaciones sobre todo el equipo directivo que estuvo al frente de la entidad de ahorro. Se centra únicamente en el proceder de quien fuera su director general durante 25 años, Manuel Escribano Soto; y su sucesor, Miguel Ángel Sánchez Plaza. Para ambos pide penas de cuatro años de prisión y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, según su parecer.
En el recurso de casación la Fundación Caja Segovia, pide la revocación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Segovia en marzo. En ella se absolvía a todos los investigados, tanto directivos como miembros del Consejo de Administración.
El recurso insta al Supremo a que condene a Manuel Escribano Soto por delitos de apropiación indebida y administración desleal; y a Miguel Ángel Sánchez Plaza como partícipe a título lucrativo. Quiere que ambos reintegren las indemnizaciones recibidas e “indebidamente incorporadas a su patrimonio”. Considera que exceden de lo que hubieran cobrado según la indemnización de tres anualidades prevista en sus contratos de alta dirección. La Fundación Caja Segovia estima que los 3,9 millones de euros percibidos por Sánchez Plaza exceden en más de un millón, como mínimo, lo que le correspondía como indemnización.
Pero en el caso de Manuel Escribano, los 5,7 millones de euros ingresados también distan mucho de la indemnización de tres anualidades que le correspondía que, “en el mejor de los casos” habría sido de más de 2,1 millones de euros. “Existe una clara desproporción de lo cobrado por el director general y lo que debería haber cobrado según su contrato laboral de alta dirección”, señala la Fundación Caja Segovia,
Recuerda además que el propio Escribano, que ocupó el cargo de director general desde 1995 hasta diciembre de 2010, “unos días antes de desaparecer como entidad financiera”, solicitó voluntariamente su prejubilación. Y también incide en que abusó de la confianza que tenían depositada en él los órganos de Gobierno.
Según la Fundación, Escribano se acogió a una situación que cambió ante la desaparición de las cajas. “El acusado llevó a cabo actos inequívocos que tenían como objetivo asegurarse, en todo caso, su salida de la sociedad antes del 1 de enero de 2011 y garantizarse una ampliación de su indemnización por extinción de su contrato”.
Para fundamentar su acusación de administración desleal, la Fundación señala que hubo “una gestión infiel del patrimonio de Caja Segovia en beneficio del propio acusado y de un partícipe, con un quebranto y perjuicio para la entidad” de ahorro. Pero además subraya que Escribano conocía el contenido de su contrato de alta dirección, de la indemnización que le correspondía y de la facultad de extinción; pero también de haber sido responsable de los cambios que se fueron aplicando en los planes de jubilación de los empleados, en 2006, en 2008 y 2010. Y era él quien “marcaba las directrices al Consejo de Administración”.
En el recurso de casación, la Fundación también reclama al alto Tribunal que le exonere de la condena en costas impuesta por la Audiencia Provincial en el caso del fallecido Juan Magaña Busutil, quien figuraba entre los investigados.
