Medio centenar de agricultores, acompañados por una veintena de tractores, se echaron ayer a las calles del centro de Valladolid para exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero la eliminación de las sanciones por el uso del agua en las explotaciones de regadío, además de la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico en el que se tengan en cuenta sus peticiones.
Un punto, este último, que la CHD se abrió a negociar para el próximo plan, que deberá entrar en vigor en el 2027, de cara a flexibilizar unas restricciones ambientales que justifican en el “constreñimiento” del espacio de los ríos que se ha dado durante las últimas tres décadas. Sin embargo, el organismo de la cuenca sí se negó a la anulación de las multas impuestas porque “no sancionar a los incumplidores perjudica a los que cumplen”.
El presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, justificó la protesta por “las políticas que está llevando a cabo la CHD” en el ámbito del regadío de aguas subterráneas y superficiales. Alonso calificó a este organismo como “decimonónico, represivo, sancionador y recaudador”. Sin embargo, señaló que, con la protesta, se pretende “brindarles la oportunidad de hacer una mesa de negociación con los regantes” para abordar las peticiones de estos últimos, entre las que se encuentra “la eliminación de sanciones y multas” por el uso del agua, ya que estas ascienden a entre 10.000 y 20.000 euros, llegando incluso a 22.000, por “regar una parcela, en vez de la que está al lado, porque le has dado barbecho”.
Una situación que demuestra, según Alonso, que “las CUAS (Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas) no están funcionando”, en una idea apoyada por el coordinador de COAG Valladolid, David Garrido, al solicitar “un grupo de trabajo y colaboración con la administración para evitar este tipo de incidencias que a muchos agricultores les está generando verdaderos quebraderos económicos”.
“Queremos que la CHD empiece a resolver los expedientes con más tiento”, reclamó Garrido, dado que “si están solo a sancionar y a prohibir”, en vez de a conceder los expedientes de uso del agua presentados con el anterior Plan Hidrológico y que ahora se deniegan, “la gente joven no se queda ni en los pueblos, ni en la agricultura, ni en el medio rural”.
Otro de los puntos que reclamaron las opas, minutos después, frente a la sede de la CHD en la calle Muro de Valladolid, fue la responsabilidad en el desbordamiento de los cauces de arroyos y ríos, dado que los agricultores se sienten “incapaces de que se nos conteste a las peticiones, no ya de que los limpien, sino para que se permita que esos cauces vayan por donde han ido siempre”.
Esta denuncia, expuesta por el presidente de UCCL en Valladolid, Valentín García Fraile, se debe a las “pérdidas impresionantes que, año tras año”, se dan en los cultivos de la Comunidad por una transición ecológica que, a su juicio, “es que sigan los ríos tapados y vaya el agua por las tierras”.
Los tres responsables provinciales de las opas, junto a un agricultor independiente, fueron recibidos por la presidenta del organismo de cuenca, María Jesús Lafuente.
Tras la reunión, la presidenta de la CHD se dirigió a los medios para exponer la postura del organismo de la cuenca. María Jesús Lafuente se refirió a las sanciones, recordando que el cálculo que las opas denuncian como excesivo “está establecido legalmente” y que, aún así, “se está siendo benévolo” al tener en cuenta todas las alegaciones.
