La Consejería de Movilidad y Transformación iniciará a principios de 2025, “con la máxima transparencia y publicidad”, los trámites de participación ciudadana de los nuevos anteproyectos de explotación de los futuros contratos que conformarán el sistema de transporte metropolitano de viajeros de Castilla y León, es decir, las líneas de autobús que dependen de la Administración autonómica.
En la comparecencia ante la Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes, en la que desgranó su programa de gobierno para lo que resta de legislatura, el consejero aseguró que este nuevo mapa contará con la tecnologías a través del sistema inteligente de transportes (ITS) y producirá “cero emisiones”.
También, explicó que pretenden mejorar la conexión del transporte urbano y el metropolitano y que sea más sostenible. Para ello, recordó que han firmado convenios con los ayuntamientos de León, Valladolid y Segovia y avanzó que próximamente lo harán con los de Salamanca y Burgos.
Sanz Merino reiteró que la configuración del mapa del transporte de viajeros por carretera “choca de lleno” con las posiciones del Gobierno de España, con “premisas absolutamente perjudiciales” para la Comunidad, porque afirmó que el proyecto de ley de movilidad sostenible, tal y como está planteado actualmente, se olvida a su juicio del medio rural y prima aspectos económicos sobre la función social del transporte.
De hecho, recordó que la Junta ha manifestado su oposición a la supresión de paradas, ante la posibilidad de que el Mapa, según recogía un borrador anterior, elimine 474 en Castilla y León, un 71 por ciento del total de las existentes y que afectan a 346 municipios. “Seguiremos reclamando que se reúna la Conferencia Nacional de Transportes para lograr la necesaria coherencia con el mapa autonómico y para que los ciudadanos de esta tierra reciban un servicio de calidad y sin discriminaciones”, dijo.
Igualmente, la Consejería seguirá con su política de bonificaciones en el transporte tanto por carretera como por ferrocarril. Sanz Merino destacó la “gran acogida” que están teniendo las referidas a los usuarios de alta velocidad, por lo que recientemente han tenido que ampliar la dotación, ya que si en el año 2023 se expidieron 140.936 bonos, sólo en el primer semestre de este ejercicio se han alcanzado ya los 107.500. Esto ha hecho que se suscriba la quinta adenda al convenio, que supondrá que se destinen un total de 16,2 millones para las actuales 23 relaciones recogidas.
También, reclamó que se declaren como Obligaciones de Servicio Público (OSP) las relaciones ferroviarias pendientes.
