La política de vivienda social no es solo una política de vivienda. Las viviendas sociales no son solo viviendas. Su razón de ser no es alojar, es ayudar. “El objetivo de los servicios sociales, en materia de vivienda, no es cronificar la vulnerabilidad. El objetivo es que las personas vulnerables salgan de esa situación y puedan reincorporarse a la sociedad y participar de manera plena en la misma”, en palabras de Azucena Suárez del Pozo, concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios del Ayuntamiento de Segovia.
Para dar forma a esas intenciones, el Ayuntamiento de Segovia cuenta con 117 viviendas sociales. Tiene 98 en propiedad dispersas por diferentes barrios de la ciudad: El Carmen, Santa Eulalia, Nueva Segovia, Casco Histórico y en los barrios incorporados, fundamentalmente. Además, Evisego, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Segovia, aporta 19 a uso social de las 56 que posee.
Entre las 98 viviendas municipales hay un piso destinado a mujeres víctimas de violencia de género y otro para personas indomiciliadas. No hay que confundir indomiciliadas con los sintecho. “Son perfiles distintos. A los sintecho les llamamos personas en situación de calle o sin hogar, y les atendemos a través de un convenio que tenemos con Caritas. Los indomiciliados suelen ser personas que en un momento determinado no disponen de un domicilio permanente y mientras residen en esa vivienda están sujetas a intervención social”. La concejala insiste. “Cuando una persona utiliza un recurso de carácter social, nosotros la vinculamos necesariamente a un proyecto de intervención”, asegura Suárez del Pozo.
La vivienda de indomiciliados tiene dos o tres plazas y no siempre están todas ocupadas. Generalmente, los usuarios son hombres de mediana edad. Una vivienda también tienen a su disposición las mujeres víctimas de violencia de género. Tiene cuatro plazas, pero su ocupación depende de la situación de la mujer. Una mujer y sus tres hijos la ocuparían por completo.
Los pisos para indomiciliados y víctimas de violencia de género tienen un reglamento propio. “Cubren unas necesidades específicas y pretendemos que no haya alquiler de por medio. Ahora mismo, las mujeres pagan un precio simbólico y lo queremos cambiar porque entendemos que no tendrían que pagar nada, aunque sea mínimo”, explica Suárez del Pozo.
Entre el parque de viviendas del Ayuntamiento de Segovia no hay ninguna de emergencia. “Vamos a intentar tenerlas en el futuro. Queremos tener algún recurso de emergencia para situaciones como incendios en viviendas, familias que se quedan en la calle por un desahucio…”.
Las viviendas sociales del Ayuntamiento se rigen por un texto que fue aprobado en febrero de 2025. “Anteriormente, ni siquiera existía un inventario de las viviendas; ahora, tenemos una foto fija de las que hay. No estaban vinculadas a una intervención social ni había un control exhaustivo sobre ellas”, se lamenta la concejala, que asegura que el nuevo reglamento organiza y regulariza la adjudicación de unas viviendas que solo tienen sentido como forma de ayudar a personas a superar su vulnerabilidad.
ALQUILER
El reglamento recoge el pago de un alquiler. Los adjudicatarios de una vivienda social deben ganar entre 0,5 y 2,5 veces el IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples), que desde 2023 se mantiene en 600 euros al mes. Es decir, la renta familiar de los adjudicatarios debe estar entre 3.600 y 18.000 euros anuales.
El alquiler mensual, gastos de comunidad incluidos, supone el 20% de los ingresos familiares. Es decir, los alquileres van desde 60 a 300 euros mensuales. Cantidades a las que hay que restar un 10% por cada hijo o dependiente a cargo, hasta un máximo del 30%.
La concesión de una vivienda social no depende únicamente de los ingresos de los inquilinos, va ligada al seguimiento de una trabajadora social, los equipos de familia o los de apoyo a la dependencia, cada caso es distinto. Y está supeditada al buen uso de la vivienda, al respeto a las normas de convivencia o a suscribir un seguro multirriesgo. “Cosas todas ellas que parecen obvias, pero que antes no se hacían”, asegura la responsable de los servicios sociales municipales de Segovia.
“Hace 20 años, se aprobó un programa que se denominó de realojo, y que básicamente se redujo a que un grupo de familias, mayoritariamente de etnia gitana. Fueron sacadas de sus infraviviendas y realojadas en viviendas municipales; pero ahí se quedó todo. Ni estaba reglado, ni tenía ningún ordenamiento, ni ninguna herramienta jurídica en la que basarse. En muchísimos casos no existía ningún control ni ningún seguimiento de nada, y en muchos casos no se pagaban los alquileres”, detalla.
VIVIENDAS VACÍAS
Más ejemplos de la falta de control. “Hace pocos meses creíamos que teníamos 104 viviendas. Hemos descubierto casas de usuarios que habían muerto y nadie las había regularizado. Había viviendas vacías simplemente porque no se estaban controlando”.
El nuevo reglamento ha terminado con esa falta de control. “Lo presentaremos cuando la responsable técnica concluya un informe sobre su puesta en marcha, pero ya está suponiendo, incluso, un referente para otras ciudades de Castilla y León”, presume su responsable. “Estos reglamentos son necesarios porque ordenan un recurso de carácter social que nosotros creemos tiene que ir vinculado a una intervención social. Yo lo comparo con la Sanidad. Nadie va al hospital para después no tomarse el tratamiento o no volver a ver al médico nunca más, ¿verdad?”. Porque no hacer un seguimiento de la situación de las familias tras ser realojadas también es “irresponsable”. “Es un recurso público del que hay que responsabilizarse”, explica la concejala.
Suárez del Pozo no encuentra sentido a ese tipo de realojos. “Te he ubicado en una vivienda y ahora me olvido de ti; pues a lo mejor eso no tiene sentido, entre otras cosas porque tenemos más personas en una lista de espera de demandantes de vivienda social que también tienen derecho a acceder a ella”.
Para la concejala, la vivienda es un recurso más. “Como la ayuda a la dependencia, el servicio de comida a domicilio, las prestaciones económicas de urgencia… todos son recursos que están a disposición de las personas para acompañarlas en un momento de su vida en el que están atravesando una situación difícil”.
Un recurso al que no se le puede poner límite temporal pero que sí se puede controlar para que no se alargue innecesariamente. “Cada persona requiere su tiempo. En algunos casos, la intervención es un apoyo puntual y en otros, un trabajo a más largo plazo; eso lo deciden los profesionales. Lo que sí es verdad es que el nuevo reglamento recoge que la concesión está sujeta a una revisión anual que antes no existía”. Para Suárez del Pozo, esa revisión es fundamental. “Es una herramienta que necesitamos para hacer un uso eficaz y ayudar de verdad a las personas. No puede ser que alguien entre en una vivienda y nos olvidemos de él”.
El texto del reglamento detalla que la adjudicación de las viviendas sociales es por un periodo de cinco años con la posibilidad de dos más de prórroga, pero los servicios sociales pueden aprobar una prórroga extraordinaria o al contrario, solicitar la resolución de la concesión.
PERFILES
Los perfiles de los inquilinos de las viviendas sociales municipales son múltiples. “La mayoría son personas o familias que llevan ya años en las viviendas. Hay familias de etnia gitana que tienen vulnerabilidad económica y social, hay personas que están en las viviendas por un perfil de discapacidad, hay personas de edad muy avanzada con vulnerabilidad económica y también dependencia, que además suelen ser mujeres solas”.
También hay varios tipos de viviendas. “Están dispersas por toda la ciudad, la mayoría están en bloques en los que los usuarios conviven en comunidades de vecinos, pero también hay casas como en los casos de Hontoria o Perogordo”.
Y todos los inquilinos han firmado un contrato. “Cuando entró en vigor el reglamento se les explicó a todos en qué consistía y todos firmaron aceptando, por un lado, un proyecto de intervención social, y por otro, un contrato administrativo en el que se comprometen, entre otras cosas, a tener un seguro multirriesgo. Para que la concesión se renueve tienen que cumplir con ambos compromisos”, explica Suárez del Pozo.
Firmar un contrato no siempre garantiza una convivencia ideal. “Los casos de conflictividad que hemos tenido vienen de muy atrás y son puntuales. No hay que estigmatizar a nadie, pero sí ha habido problemas de convivencia y solucionarlos es uno de los puntos fuertes del nuevo reglamento. Ahora tenemos una herramienta para, en caso de conflictividad, poder disolver el contrato. Pero no solo en caso de problemas de convivencia, también se puede disolver en el caso de hacer un mal uso de la vivienda o por hacer obras sin permiso… cuando las cosas se dejan de la mano puede pasar cualquier cosa”, se lamenta la concejala responsable de los servicios sociales, que apuesta por el “buen uso de los recursos públicos”.
“Como responsable política, estoy para garantizar que se haga un buen uso de los recursos, con transparencia, con objetividad, ayudando a las personas, pero garantizando que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible. La máxima de los servicios sociales, así lo entiendo yo, es que las personas entiendan que las podemos acompañar en un momento en el que lo están pasando mal y que queremos que salgan adelante y que puedan continuar su camino, porque si cronificamos los problemas no estamos haciendo bien nuestro trabajo”.
Un trabajo del que la concejala se siente orgullosa. “El punto fuerte de mi concejalía en estos año es precisamente haber puesto orden en las viviendas sociales, haber hecho un reglamento que apoyaron todos los grupos políticos, menos Podemos, que se abstuvo. Eso también hay que decirlo, se hizo un trabajo conjunto. Nos pusimos a trabajar en él desde el primer día porque era prioritario, Tardamos un año en hacer todos los trámites administrativos hasta que se aprobó y entró en vigor el 26 de febrero del año pasado”.
Al 80%
“Se ha revisado ya el 80% de las viviendas. O sea, tenemos ya el 80% de los expedientes revisados y puestos al día, porque hay que ir uno por uno. En febrero estarán el 100%”, asegura Suárez del Pozo.
Durante el proceso regulador, han aparecido personas a los que ya no les correspondía una vivienda social. “Les hemos dado un plazo y han dejado la vivienda. Eran casos que superaban el límite de renta o en los que ya no había vulnerabilidad”.
Cuando todos los expedientes están al día, tocará analizar el funcionamiento del reglamento y pensar en el futuro. “Ver si en algo tenemos que cambiar o mejorar. Y si es posible, ampliar un poco el parque de vivienda social porque tenemos mucha demanda”.
Un reglamento que, según Suárez del Pozo, ha generado confianza. “Los usuarios entienden que lo que queremos es ayudarles y acompañarles, que no somos invasivos ni nos metemos en su vida. Y en la ciudadanía también ha generado confianza porque pone orden en las viviendas sociales era una demanda. La gente quiere concejales y equipos técnicos responsables que trabajen para ellos, y en eso hemos cumplido lo antes que hemos podido”, concluye.
