El ayuntamiento de Segovia destina anualmente una partida de 110.000 euros para el cuidado de los perros y gatos sin hogar que viven en la capital. La Sociedad Protectora de Animales recibe 90.000 euros y la Asociación de Gestores de Colonias Felinas de Segovia, Gescofes, recibe 20.000 euros. El dinero se destina a procesos de cuidado y asilo de animales, esterilización y alimentación de colonias de gatos y puesta de chip de los animales, entre otras actuaciones.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Protección Animal de 2023 los animales abandonados no son un problema “de nadie”; son una responsabilidad pública organizada.
La norma fija una obligación central que actúa como columna vertebral del sistema: corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Dicho así suena administrativo, pero en la práctica significa algo muy concreto: si aparece un perro desorientado en una avenida, un gato herido en un solar o un conejo doméstico en un descampado, el municipio debe tener un mecanismo real —no improvisado— para actuar, y debe hacerlo con sus propios presupuestos, lo que supone un problema para las arcas de los municipios, y para los animales que no pueden ser ayudados por falta de presupuesto.
La ley no se conforma con la buena voluntad o la disponibilidad puntual. Pide estructura. Por eso exige que exista un servicio de recogida y atención veterinaria de urgencia disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. En un país donde el abandono se concentra a menudo en periodos vacacionales y fines de semana, este detalle no es menor: la emergencia no entiende de horarios de oficina.
La norma deja margen: el ayuntamiento puede hacerlo con medios propios o externalizarlo a través de contratos, convenios o fórmulas mancomunadas. Pero la dirección que marca es nítida: colaborar, siempre que sea posible, con entidades de protección animal. No porque “quede bien”, sino porque la experiencia acumulada de protectoras, asociaciones y voluntariado suele ser clave para que el engranaje funcione: capturas seguras, manejo, acogidas, socialización, adopciones.
Y si el municipio no tiene medios suficientes —lo habitual en localidades pequeñas— la ley abre la puerta a los convenios con centros compartidos o servicios de terceros, pero pone una condición de sentido común: debe existir una instalación temporal municipal para alojar a los animales hasta su recogida, con garantías mínimas de seguridad y bienestar. Es decir: aunque se subcontrate, el animal no puede quedarse en tierra de nadie esperando.
La segunda pata del sistema son los centros públicos de protección animal —o centros concertados que trabajan para administraciones— donde llegan los animales recogidos. Aquí la ley sube el listón. No basta con guardar animales: hay obligaciones de bienestar, de gestión y de trazabilidad.
Para empezar, los centros deben asegurar condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y atención sanitaria. Pero hay dos elementos especialmente relevantes para perros y gatos. Identificación y registro: cuando el animal llega sin identificar, el centro debe asumir su identificación y registro siguiendo los procedimientos establecidos. Esto es clave porque permite recuperar animales perdidos, perseguir abandonos y ordenar el sistema.
Esterilización antes de la adopción (en perros, gatos y hurones). La ley exige que se entreguen esterilizados, salvo que un criterio veterinario justifique esperar (por edad o salud), en cuyo caso debe existir compromiso y control para evitar camadas no deseadas. La lógica es preventiva: menos reproducción no controlada, menos abandono.
Además, el centro debe formalizar las entregas mediante contrato de adopción, y realizar seguimiento para comprobar que el animal vive en condiciones adecuadas. Y hay otra función menos visible pero importante: estos centros deben poder alojar animales sujetos a cuarentenas sanitarias obligatorias cuando lo ordene la autoridad competente. En emergencias, los centros también son infraestructura.
Si hay un capítulo que ha puesto a muchos consistorios a hacer números y a diseñar protocolos, es el de colonias felinas. La ley apuesta de forma decidida por un modelo de gestión basado en la captura, esterilización y retorno (CER), pero lo convierte en política pública municipal.
El corazón de este enfoque es doble, por un lado, esterilización quirúrgica de todos los gatos comunitarios e identificación con microchip registrada a nombre de la administración local competente. Es decir, no solo se esteriliza; también se reconoce una titularidad pública sobre la gestión, para ordenar responsabilidades y evitar que todo quede en “voluntariado espontáneo”.
Nueva normativa
En otro orden de cosas el ayuntamiento está trabajando para actualizar la normativa de limpieza viaria, que tiene más de 40 años y se ha quedado obsoleta. Una de las medidas que se van a poner en marcha es la obligatoriedad de que los dueños de perros lleven una botella con agua y jabón para limpiar los lugares donde los animales miccionan. Esta medida estaba prevista para el primer trimestre del 2026, pero desde el ayuntamiento informan de que no se pondrá en marcha hasta el verano. “Los técnicos deben redactar la nueva normativa, que incluirá actualizaciones sobre tratamiento de residuos y deshechos. Hay que tener en cuenta que la normativa actual se hizo cuando el sistema de contenedores de colores no existía como hoy. Después de la redacción de la norma hay que pasarlo a los grupos políticos por si quieren hacer alguna aportación y aprobarlo en pleno. Nuestra idea es tenerlo listo antes del verano”, explica el concejal de Contratación, Sostenibilidad Ambiental, Festejos Patronales y Participación Ciudadana, Gabriel Cobos.
