En todo el mundo las sociedades libres se enfrentan a un enemigo nuevo e implacable, derivado del ejercicio del poder. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, quienes detentaron lo acaparaban en su propio beneficio y lo transmitían a sus hijos para fundar dinastías basadas en la sangre y el privilegio, con escasa consideración a la población. Sin embargo, a partir de las revoluciones estadounidense y francesa de finales del siglo XVIII, las relaciones de poder sufrieron una enorme transformación de manera que se establecieron límites al ejercicio del poder. Un poder fundado en la representatividad de la ciudadanía que fue fundamental para la gran expansión de la prosperidad y de la seguridad en el mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, a principios del siglo XXI surgen nuevos fenómenos como la nueva tecnología, la urbanización, la información, los cambios políticos y económicos, la globalización y los cambios de mentalidad. Una situación que ha sido aprovechada por los detentadores del poder para poner en marcha políticas en orden a retenerlo, concentrarlo y volver a ejercerlo sin restricciones. La libertad por tanto está en juego, la posibilidad de que la democracia se mantenga en el siglo XXI. Por el contrario los autócratas están empeñados en concentrar el poder y eliminar los pesos y contrapesos que lo limitan. No quieren cederlo voluntariamente y se aprovechan de la inseguridad económica de la clase media, los miedos a la globalización, y la pujanza de las redes sociales y la llegada de la inteligencia artificial para intentar retenerlo.
Los nuevos autócratas del siglo XXI han sido los primeros en utilizar técnicas innovadoras para hacerse con el poder y conservarlo el mayor tiempo posible. La fórmula es el “populismo”, la “polarización” y la “posverdad”. Estos autócratas 3P son dirigentes que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y luego se proponen desmantelar los contrapesos a su ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad. Al mismo tiempo que consolidado su poder, ocultan su plan autocrático mediante la confusión, la manipulación de la opinión pública y el control de los medios críticos.
Los autócratas del siglo XXI empiezan de esta forma suave y se esfuerzan en mantener unas apariencias, mientras socavan la democracia con aquellos subterfugios. En España, resulta relevante que el Gobierno esté acaparando la mayoría de los resortes del Estado, el último el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como Gobernador del Banco de España. A ello se suma el control del Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española, etc., de modo que solamente le queda el control del Tribunal Supremo y está en ese empeño.
En el plano económico, el activismo del Gobierno ha sido evidente interviniendo en operaciones económicas que superan los 25.000 millones de euros. Resulta clara la intervención en Telefónica, Indra y otras empresas, así como en operaciones empresariales como en Naturgy o la reciente en la empresa Talgo, en ese afán acapador. Por tanto, la ciudadanía ha de ser consciente del riesgo que corre el funcionamiento normal de la democracia española, que ha de basarse en la división de poderes y en el control del ejecutivo por el Parlamento, las instituciones y por la propia ciudadanía con su voto y su participación directa en los asuntos públicos.
