Sería interesante poner de manifiesto los informes aparecidos en estas últimas semanas sobre esta materia. La presión fiscal en efecto se ha incrementado vertiginosamente en estos últimos años, concretamente el peso de los impuestos sobre el PIB nacional ha subido seis puntos, del 32% en 1995 al 39% actualmente, aunque el 60% del aumento de la presión fiscal se ha debido a los Gobiernos de Pedro Sánchez. La pretensión de armonizar la fiscalidad española con la europea ha dado como resultado un incremento de la recaudación en 39.000 millones de euros, equivalente a 2.082 euros por hogar. Durante sus años de Gobierno, los ingresos fiscales crecieron en 72.962 millones de euros, 1.587 euros por persona.
El meteórico crecimiento que han tenido los ingresos en los últimos años ha permitido al Gobierno afrontar la escalada de gasto público desde la llegada de Pedro Sánchez en 2018, con 69 aumentos de impuestos. Ocho subidas en el IRPF, cuatro aumentos en el Impuesto de Sociedades, un incremento en Patrimonio, una subida del IVA, diez alzas más en tributos de nueva creación, como el impuesto a la Banca, las tasas Tobin y Google, y los impuestos a las energéticas.
El resultado es que una renta media en España, con un salario total real de 34.898 euros, sufrirá 8.157 euros de cotizaciones sociales a cargo de la empresa y 1.731 euros a cargo del trabajador, además hay que sumar el descuento de 3.860 euros a cuenta del IRPF. Por tanto, el 43,44% del salario completo termina en las arcas públicas, pero si sumamos las cotizaciones sociales, el IVA, el IRPF y el IBI, un trabajador medio pagaría 15.480 euros en total, lo que elevaría hasta el 44,24% la proporción sobre el salario completo. A ello hay que sumar los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones, el pago del impuesto sobre las primas de seguros y sobre la electricidad, por la compra de la vivienda, por matriculación de vehículos, lo que significaría que en realidad el 50% de un salario medio pasaría a los entes públicos, según el “impuestómetro” del Instituto Juan de Mariana.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos en su informe de “Competitividad fiscal 2023” señala que la presión fiscal en España se sitúa en un 39%, a un punto de la media de la Unión, y sin embargo el esfuerzo fiscal en nuestro país es un 18% superior a la media comunitaria por la diferencia de rentas. Las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen el 25,2% del total de la recaudación en España frente a una media comunitaria del 17,2%, en definitiva las empresas españolas en total aportarían un 32,4% frente a un 25,8% de la media comunitaria (recordemos que la renta per cápita en Alemania es casi el doble que la española, aunque la presión tributaria sea superior en aquel país). Concluye el Instituto de Estudios Económicos que desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, la presión fiscal 2018/2023 habría aumentado en 140.000 euros, lo que supone un incremento de más del 4% del PIB nacional, frente a un aumento del PIB nominal de 255.000 millones. Por último, el informe del índice de Competitividad Fiscal Internacional elaborado por el centro estadounidense de política fiscal, Tax Foundation, señala que España, dentro de los países de la OCDE, es el sexto país menos competitivo fiscalmente, solamente detrás de Italia, Francia, Portugal, Polonia e Islandia, lo que la influirá en la inversión en nuestro país. Por tanto, sería interesante que la opinión pública tomara conciencia de la necesidad de poner un límite al aumento de la presión fiscal y del gasto público.
