La belleza de una ciudad histórica tiene un precio. Y cuanto más antigua, más elevado es. Como contrapartida, supone un coste para las arcas municipales.
Las calzadas adoquinadas y los desperfectos que aparecen en las vías públicas, pueden suponer al Ayuntamiento una responsabilidad por caídas. Cuando una persona tropieza y sufre lesiones en la vía pública, puede plantear una demanda contra el Ayuntamiento si considera que éste ha sido negligente en el mantenimiento y cuidado de calles y aceras. Esto implica demostrar que el Ayuntamiento tenía conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la existencia de un peligro, que dicho peligro era previsible y que no se tomaron las medidas adecuadas para evitarlo o repararlo.
Por ello, el Ayuntamiento de Segovia tiene, desde hace años contratada una póliza de seguros para hacer frente a estos sucesos.
En el año 2023, el Ayuntamiento recibió 85 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de los que 68 se admitieron y 17 quedaron archivados. Sólo 9 fueron resueltos positivamente, y 14 se desestimaron. Quedan 45 pendientes de resolución.
El número de expedientes en 2023 fue más elevado que en el 2022, con 75 casos; pero menor que el año 2021 en que se contabilizaron 105 expedientes administrativos.
NUEVA LICITACIÓN
El Ayuntamiento sacó recientemente a licitación la contratación de un seguro de responsabilidad civil (SRC). Pero quedó desierta. Las compañías que se dedican a cubrir estos incidentes consideran que no les resulta rentable estos contratos. De este modo, el Ayuntamiento ha tenido que modificar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, con un aumento del precio de la póliza.
Si la póliza contratada por el Ayuntamiento hasta ahora tenía una prima de 60.000 euros, la próxima saldrá por 100.000 euros, con una subida del 40 por ciento. Pero además, se incrementa la franquicia, la cantidad que asume directamente el Consistorio por tratarse de indemnizaciones más baratas. En este sentido, la cifra pasa de 480 a mil euros, lo que supone prácticamente duplicar la cantidad económica.
El alcalde de la ciudad, José Mazarías, detalló ayer que gran parte de las denuncias por las que se requiere al Ayuntamiento se refieren a tropiezos con baldosas, baches, o por bordillos mal colocados.
Dijo también que este año, cuando el Ayuntamiento ha tenido que renovar el seguro a través de una licitación pública, el concurso ha quedado desierto. “Las compañías de seguros son empresas y tienen que buscar rentabilidad”, explicó.
Con el nuevo pliego se amplían las cantidades y se mantienen las condiciones para valorar la más beneficiosa para el Consistorio. Aunque el contrato expira el 1 de abril, la legislación permite prorrogar el contrato mientras se tramita una nueva contratación.
“Con una prima como la que había, ha sido insuficiente para cubrir las indemnizaciones que ha pagado la anterior compañía. Y si el concurso no era posible, tenemos que volver a sacarlo con nuevas condiciones”, añadió el alcalde. Ya se han redactado las condiciones de puntuación para hacer atractiva la oferta a la compañía actual u otra que desee concertar esta póliza con el Ayuntamiento, dijo el alcalde.
Para atajar este creciente problema económico, el equipo de Gobierno anunció en la campaña electoral de las municipales del año pasado, la puesta en marcha de ‘brigadas de acción rápida’ destinadas a llevar a cabo pequeñas reparaciones en las vías públicas.
Mazarías explicó que desde el Ayuntamiento son “los primeros interesados en llevar a cabo esta campaña de actuaciones rápidas cuando vemos un bordillo que se ha movido, una baldosa que está suelta, o un bache por el que pasamos y que todos los días lo estamos pisando”. “Este es el objetivo de las brigadas de actuación rápida”, añadió.
Detalló el alcalde que se han creado dos grupos y que su finalidad es acometer de forma directa aquellas pequeñas obras sin tener que esperar a hacer concursos públicos o contratar empresas externas. “A lo largo de un día se pueden llevar a cabo dos o tres intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Este es el cometido de estas primeras brigadas de intervención rápida”, agregó.
Para el alcalde, ha resultado difícil poner en marcha las brigadas de intervención rápida que anunció en los días inmediatos a su toma de posesión, por la falta de presupuestos municipales del año 2024. Pero manifestó que existe ya dotación económica suficiente para llevar a cabo este proyecto “y estamos ya con los contratos porque queremos llevarlo a cabo lo antes posible”.
En relación a la supuesta responsabilidad del Consistorio con los incidentes, también ayer se conoció que ha estimado parcialmente una reclamación que interpuso una ciudadana tras fallecer su perro por una posible descarga eléctrica al orinar en una farola. Se entiende que existe concurrencia de responsabilidad al Ayuntamiento de Segovia.
Como se recordará en noviembre de 2021 murió un perro tras orinar en una farola de la Avenida de la Constitución, donde se llevaban a cabo obras de mejora de la calle.
Fue un hecho que “generó malestar y preocupación entre los vecinos de la zona a nivel de seguridad”. En su día, el Consejo consultivo acordó la indemnización de 3.178,29 euros, “entendiendo que la dueña y el Ayuntamiento comparten responsabilidad” en este suceso. De esta forma, desde el Consistorio “reconocimos la corresponsabilidad y hemos pagado la mitad de la indemnización”, una decisión que, según anunció Mazarías, tiene que revisar el juez “para saber si es conforme”.
