La última reforma fiscal del Gobierno ha quedado truncada por la no aprobación de la fiscalidad de los seguros sanitarios privados, la modificación del régimen de las SOCIMIS o la introducción de un gravamen a los bienes suntuarios. Tampoco ha salido adelante el aumento de la tributación del diesel, el gravamen por IVA de los alquileres turísticos y el incremento de la tributación de las Grandes Fortunas y de las Grandes Herencias, al mismo tiempo que desaparecen los gravámenes a las energéticas y a la banca. Sin embargo, se aumentará la presión fiscal para las rentas de capital y se da un giro de tuerca sobre las clases medias con la no deflactación de la tarifa del IRPF un año más.
Ha sido un fiasco la reforma fiscal poniendo en peligro la recepción de 7.500 millones de euros procedentes del quinto tramo de los Next Generation y los 4.000 millones de euros del sexto desembolso, dado que el plan fiscal estructural enviado por el Gobierno a Bruselas hace un mes prevé un incremento de la presión fiscal de tres décimas del Pib con unos ingresos suplementarios de 4.500 millones de euros.
La presión fiscal sigue creciendo no obstante y este año 2024 los ingresos tributarios superarán los 295.000 millones de euros, 95.000 millones de euros más en impuestos que antes de la pandemia, según el informe de competitividad fiscal del Instituto de Estudios Económicos. Un informe que concluye que el esfuerzo fiscal de los españoles (una medida más fiable que la presión tradicional a la hora de determinar el peso per cápita de nuestro sistema tributario) se sitúa un 17% por encima de la media comunitaria. El problema es el desempleo, si España lograra las cifras de empleo de la UE-27, se podrían obtener unos 14.400 millones de euros, un déficit de ingresos por el desempleo que determina esos 17 puntos por encima de la media de la Unión Europea. La presión fiscal en España se situaría en el 39% del Pib, cifra muy cercana al 41,1% de la media en la Unión. Sin embargo, en relación con el Índice de Competitividad Fiscal formado por 38 países, España se sitúa en el puesto 36 con un índice del 56,3% de competitividad, el cuarto puesto por la cola, frente a una media de la Unión Europea de 67,8%, con una pérdida de seis puestos de competitividad desde el año 2021.
En relación con la competitividad empresarial, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades en España es del 25%, frente a una media en la Unión del 21,3%. España se situaría con una presión fiscal superior a la media de la U.E., lo que afecta especialmente a empresarios y autónomos. Esta situación podría implicar un acicate a la deslocalización de la inversión, en definitiva que las empresas europeas no se verían motivadas a invertir en España, dado que la presión fiscal impide la creación de proyectos empresariales rentables.
El informe del Instituto de Estudios Económicos concluye que la solución a esta disyuntiva no está en un aumento de los impuestos, sino en una reducción del gasto público. Los datos son evidentes, la recaudación tributaria alcanzó los 271.935 millones de euros en 2023, un 6,4% más que en 2022, y este año 2024 los ingresos tributarios pueden superar los 295.000 millones de euros con un incremento del 8,4%, lo que no impedirá un déficit público del 3% en 2024. Ni que la deuda pública consiga un nuevo récord con 1,63 billones de euros hasta septiembre de 2024, 57.769 millones de euros más que el mismo mes del año anterior 2023. Son cifras que deberían hacernos reflexionar sobre las consecuencias de este incremento constante de la presión fiscal.
