Quien esto escribe recuerda el trajín que semanas antes del inicio del curso escolar se producía en una casa con tres niños en edad de ir al colegio. No quiero siquiera imaginarme la que habrán pasado estos días los padres de hoy, con el mismo trajín que hace años pero con una incertidumbre mucho mayor, y que corroe más los ánimos: qué pasará con las clases y con la salud de los hijos. Hasta ayer jueves el Gobierno no se reunió con las comunidades autónomas para establecer un protocolo de medidas sanitarias y de seguridad para aplicarlo en el inicio del curso escolar. Al menos ha existido un acuerdo con los consejeros, a pesar de la abstención del País Vasco. Pero si ha tenido ocasión un 27 de agosto, ¿no hubiera cabido un 10 de agosto, o un 20 de julio? ¿Ha hecho falta esperar hasta el final?
El Gobierno anunció hace meses una dotación de 2.000 millones de euros para afrontar el nuevo curso con la mejores condiciones de seguridad posible, 400 millones de los cuales se dirigían a la Universidad; ¿en qué se gastarán?, ¿siguen los créditos encima de la mesa?
Son muchas las dudas que acucian. Pareciera que el Ejecutivo pretende que las comunidades autónomas –algunas de las cuales se comportaron con deslealtad durante el Estado de Alarma- se ahoguen en su responsabilidad para luego acudir en plan salvador. Y olvida que aunque las competencias en Educación o en Sanidad estén en gran parte transferidas no por ello se diluye la responsabilidad de la Administración Central. Lo contrario es desconocer la articulación del Estado de las Autonomías recogido en nuestra Constitución, y pegar patadas en culo ajeno, que en este caso es el de los niños.
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